El Forjista
El grupo Macri logró colocar a sus empleados en lugares claves del gobierno de Carlos Menem como fue el caso de Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos, uno de los encargados de las privatizaciones.
El 15 de enero de 1990, 77 empresas se presentaron a la licitación para explotar y mantener diez mil kilómetros de rutas, tres de los funcionarios que redactaron los pliegos habían sido directivos del grupo Macri e incluso habían participado en pleitos contra Vialidad Nacional.
Esta irregularidad fue denunciada por el entonces diputado radical Victorio Viscioti ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el grupo terminó adjudicándose el 17% de los kilómetros concesionados, entre los que estaban los más rentables.
Dromi también dictaminó que era de interés nacional que Sideco remodelara y explotara el Puerto de Quequén, obra adjudicada directamente sin licitación.
Hubo denuncias señalando que el puerto no necesitaba una remodelación de tal magnitud, que no se justificaba un gasto que estuvo entre los 150 y 200 millones de dólares, cuando el ministerio rechazó una oferta de una empresa rusa dispuesta a realizar la obra por 13 millones de dólares.
Estos negocios permitieron que el grupo Macri creciera extraordinariamente en su facturación pasando de 700 millones de dólares en 1984 a 900 en 1987 y a 1500 en 1990, se entiende perfectamente la admiración de Mauricio Macri por Menem a pesar de su rabioso antiperonismo.
La inversión había rendido frutos con creces porque había aportado 1,2 millones de dólares a la campaña presidencial de Menem y 12 coches Fiat.
La licitación de las rutas fue otro escándalo porque eran las empresas las que tomaban las decisiones, la privatización permitió que fijaran los precios y los aumentaran a su conveniencia.
Paralelamente Mauricio Macri concurría a los medios a defender las privatizaciones indicando que habría una mejora de los servicios y menos gasto para el Estado.
EN 1994 el gobierno de Menen le otorgó a Autopista del Sol (AUSOL), donde Sideco tenía un tercio de las acciones la concesión del Acceso Norte.
En 2001 Franco Macri vendió el 25% de sus acciones por 84 millones de dólares quedándose con el 7%.
Guillermo Laura quien fuera secretario de Obras Públicas con Cacciatore y asesor de Dromi, denunció en un libro que Dromi recibió siete millones de dólares de las empresas, que hubo un acuerdo entre las empresas para repartirse las rutas y que además recibieron subsidios; Dromi amenazó denunciarlo pero no lo hizo.
Durante el gobierno de De la Rúa el subsecretario del ministerio de Obras Públicas, Edgardo Pla, que también había trabajado en Sideco le reconoció a las concesionarias una deuda, ese pago mereció una denuncia en la Oficina Anticorrupción.
En 2016 el presidente Macri dispuso un aumento del 50% de la tarifa de peaje de Ausol y en enero de 2017 aumentó otro 100% de la tarifa y la empresa renegoció el contrato con el gobierno, la explotación vencía en 2020 y se extendió hasta el 2030 a cambio de una inversión de 430 millones de dólares y desistir el juicio en la CIADI, en abril de 2017 Sideco vendió su parte, que cobró 19,7 millones de pesos.
En agosto de 2017 la diputada Stolbizer denuncia ante el juez Rafecas por negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, las decisiones del gobierno de Macri habían aumentado el valor de las acciones de Ausol en un 394% para el momento de la venta, en diciembre de 2017 el juez Rafecas archivó la causa.
En julio de 2019 comenzó una investigación contra Macri, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y directivos de Ausol acusado de haber dispuesto la prolongación de las concesiones del Acceso Norte y el Acceso Oeste hasta 2030 sin licitación, además del reconocimiento de supuestas deudas por atraso tarifarios de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a Dietrich, Dujovne, Iguacel y Saravia Frías procurador del Tesoro, ya el principal beneficiado seguía asegurando su impunidad.
Pero eso no era suficiente, entonces aparecieron los jueces macristas de la Cámara Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dictaminado la falta de mérito de todos los implicados, la que fue corroborada después por la jueza macrista María Eugenia Capuchetti.
Un poco de memoria, Irurzun es el que repartía prisiones preventivas cuando los acusados eran peronistas, pero que cuando se trataba de macrista los sobreseía de inmediato, Bruglia trasladado ilegalmente por Macri a Comodoro Py para que lo salve cuando sea necesario y la jueza Capuchetti designada por Macri, la que se niega a investigar el financiamiento de los Caputos al grupo de ultraderecha Revolución Federal con vínculos con los que intentaron asesinar a Cristina Kirchner y que tampoco quiere investigar la conducta del diputado del PRO Gerardo Milman.