El Forjista
El Correo fue una de las últimas privatizaciones realizadas por el menemismo, ni siquiera Margareth Thatcher pudo privatizar el Correo, 15 grupos compraron los pliegos, se terminaron presentando seis propuestas, el grupo Macri se presentó para quedarse con el 85%, el otro 15% quedaba en manos del Banco Galicia y como asesor técnico el Correo británico.
Tres de ellos fueron impugnados por sus asesores técnicos, porque no se podía constatar que fueran correos oficiales de países con un nivel de desarrollo similar a la Argentina, entonces quedaron tres.
Hubo un empate técnico entre el grupo de Macri y el de Samuel Liberman que acababa de vender Video Cable Comunicación, hubo un repechaje y terminó ganando el grupo Macri con una propuesta de pagar 51,6 de millones de dólares semestrales, los trabajadores se quedaban con el 14% de propiedad participada.
Macri se hizo cargo en septiembre de 1997, pero tiempo después dejó de pagar el cánon al que se había comprometido y por el cual había ganado el concurso, Franco Macri se dio cuenta que no podía ganar lo que había previsto.
Al hacerse cargo despidió a 7500 empleados y cerró 1500 sucursales, y hubo aprietes para que los trabajadores renunciaran al sindicato y aceptaran la pérdida de derechos.
Sólo un año cumplió con el canon que se había comprometido, pero siempre encontraba un juez que lo beneficiaba así fue como el juez, Ernesto Marinelli lo autorizó a dejar de pagar el canon hasta que el Estado le pagara los 98 millones de dólares por supuestos servicios prestados y adeudados.
Justo en el momento que Mauricio Macri se lanzaba a la política explotó el escándalo del Correo la quiebra a la que la había llevado el grupo Macri, Mauricio Macri trató de desligarse de lo que ocurrió en el Correo, pero era miembro del directorio y fue en su casa en Barrio Parque donde se realizaron las reuniones con sus socios y los funcionarios del gobierno, las negociaciones las llevaron a cabo Salvestrini y Andrés Ibarra que también formaban parte de la Comisión Directiva de Boca.
Después del gobierno de Menem la empresa anunció que vendería el Correo a Oca que pertenecía al grupo Exel de Juan Navarro Castex, pero fue desestimado por el Estado porque asumiría una posición monopólica.
El grupo Macri recibió la ayuda de la jueza Ana Isabel Piaggi de Vanossi aceptando un recurso de queja presentada por el grupo ante la falta de acuerdo en la quiebra entre acreedores y la empresa, la jueza era la esposa de Jorge Vanossi diputado que encabezó la lista del macrismo en la elecciones de 2003, la jueza fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por este fallo.
Tres años después de la privatización le debían al estado mil millones de pesos además no había realizado aportes patronales y acumulaba causas judiciales y Kirchner decidió la estatización el 19 de noviembre de 2003.
El juez Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo en diciembre de 2003, pero en enero de 2004 el fallo fue revocado por la Cámara Comercial, el grupo presentó distintas propuestas de pago que fueron rechazadas por el Estado.
Cuando Macri llegó al gobierno, el Estado aceptó la propuesta del grupo 296 millones de pesos más intereses en 15 cuotas mensuales, y ese mismo mes el grupo presentó una contrademanda de 2300 millones de pesos por falta de pago por inversiones.
En diciembre de 2016 la fiscal Gabriela Boquín impugnó el acuerdo entre el gobierno y el Correo porque dañaba el patrimonio del Estado, señalando que la empresa se beneficiaba con aportes del Estado al lograr suspender el pago a los acreedores, con el acuerdo el Estado dejaba de percibir 70 mil millones de pesos.
Hubo denuncias contra el gobierno de Macri por el acuerdo con el Correo, la causa cayó en Ariel Lijo en 2017, el fiscal Juan Pedro Zoni impulsó la investigación e imputó a Macri y al ministro de Comunicaciones Aguad, en abril de 2017 el gobierno desplazó al Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, por cuestionar el arreglo del gobierno por la deuda del Correo.
En 2020 la jueza Marta Cirulli dispuso la intervención del Correo y el desplazamiento de su dirección por las medidas solicitadas por Boquín.
La causa llegó a la Corte Suprema macrista que en diciembre de 2024 dispuso que pase al Tribunal Superior porteño donde el macrismo tiene una clara influencia por haber designado a sus miembros.