El Forjista

Titanes en el ring - Luis Bruschtein

Artículo aparecido en el diario Página 12 el 13 de octubre de 2018

La pelea de fondo entre el campeón del mundo, Martin Karadagian, y el luchador sordomudo La Mooomia, fue un clásico de los domingos. Como ahora es la pelea entre la retadora y denunciadora serial chaqueña Elisa Carrió en una esquina y en la otra el operador xeneize, el gran saltarín sigiloso de los tribunales, Daniel Angelici. Pero si la pelea de fondo entre la Momia y Karadagian era por la inocente alegría de los pibes, la que disputan estos figurones del gobierno, tiene el objetivo no tan inocente de controlar al Poder Judicial. Cuando en un gobierno, la pelea de fondo, abierta, pública, impúdica, es por el control del Poder Judicial, se trata de un gobierno que podrá controlar a la Justicia, como sucede, pero que ha perdido legitimidad. La pelea telonera del combate entre La Momia y Karadagian se da entre el ex y el actual presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Ricardo Rosenkrantz. Esta disputa telonera confirma que el nivel general de la Justicia está por debajo de la línea de flotación institucional. El gobierno de Cambiemos controla la Justicia, se la disputa y, en consecuencia, no es democrático.

Mientras Carrió le hacía una doble Nelson a Angelici y al ministro de Justicia, Germán Garavano, Milagro Sala cumplía mil días en la cárcel y el camarista Martin Irurzun sacaba de la órbita federal una causa por lavado de dinero y usurpación de identidad, más conocida como la causa de los aportantes truchos, en la que estaba involucrada la gobernadora María Eugenia Vidal, y la derivaba a la justicia electoral bonaerense que controla la misma Vidal.

Hay numerosas causas abiertas contra dirigentes de la oposición y ex funcionarios kirchneristas amañadas con peritos truchos, información falsa o por jueces que condenan sin pruebas. La gran discusión en el oficialismo todavía es si Cristina Kirchner debe llegar en prisión al 2019, o si debe seguir en libertad para usarla como contracara de Mauricio Macri. Pero no es un tema que se discuta en el tribunal, sino en el ámbito de los operadores judiciales del oficialismo, ya sea el garavanismo, el angelicismo o los jugadores judiciales de Carrió.

“La Momia es justiciera”, decía la canción. Y “la justiciera” chaqueña los tiene contra la lona con un triple torniquete. Ya consiguió el desplazamiento de Lorenzetti y la designación de Ronsekrantz como presidente en la Corte. El abogado de grandes corporaciones y hombre del grupo Clarín tiene más onda con este gobierno de ricos que la tradición más burocrática de Lorenzetti. En ámbitos ligados a Tribunales se asegura que el responsable de esa maniobra fue el operador oficialista Fabián Rodríguez Simón –el Gran Pepín– el mismo que propuso designar a Rosenkrantz y a Horacio Rosatti por decreto. Pepín, como le dicen, impulsó el desmantelamiento de los organismos que debían controlar la aplicación de la ley de medios y la campaña para el desplazamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

El hombre aparece como operador de varias medidas impulsadas por las  grandes corporaciones mediáticas para desguazar la ley de medios del kirchnerismo y anular a la ex procuradora que se había opuesto a la fusión de Multicanal con Cablevisión. Hay sintonía de Pepín con las corporaciones mediáticas. En esa danza de piquetes de ojo y patadas voladoras, los caminos de Pepín y Carrió se cruzan y actúan con intereses compartidos sobre la manoseada institución judicial.

Pepín se reunió hace diez días con el camarista Martín Irurzun y fueron sorprendidos por un fotógrafo aficionado. Dijeron que fue un  encuentro casual, que no se conocían. El jueves, Irurzun le sacó la causa de los aportantes truchos al juez federal Sebastián Casanello, un juez que no se alineó con ninguno de los operadores del oficialismo por lo que despierta los recelos del gobierno así como el temor de que la causa llegara hasta la gobernadora Vidal. Son delitos penales, pero Irurzun la derivó a un juzgado electoral bonaerense controlado por la gobernadora.

El modelo Pepín, Carrió, Angelici, Garavano, donde todo el oficialismo mete mano  en el Poder Judicial es la reproducción de lo que hizo el gobernador radical de Jujuy apenas asumió. Su bloque de diputados en la legislatura provincial votó por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Entonces Titina Falcone, la presidenta del bloque radical pasó a integrar el Tribunal donde fue elegida como su presidenta. Cuando fue detenida Milagro Sala, el juez a cargo de ese tribunal se fue misteriosamente de vacaciones y quedó en su lugar, el juez Gastón Mercau, ex yerno de Titina y hombre del gobernador.

Mercau le aplicó una prisión preventiva tan irregular que motivó las quejas de organismos jurídicos internacionales. La manipulación es el concepto. Es la idea de justicia de Cambiemos. Los jueces que no actúan según las necesidades del Ejecutivo son considerados corruptos. Es un gobierno de ricos y Milagro Sala cometió el delito de organizar a los pobres. Está presa desde esa detención irregular después de la cual le armaron numerosas causas y le crearon tribunales especiales con juezas y fiscales designados a dedo. Sala es una presa política. Esa figura desmonta cualquier simulacro de legalidad.

Son decisiones judiciales que se conocieron esta semana. El choque del tren en Once, donde cinco peritos firmaron un documento que decía que funcionaban los frenos de la formación. Uno de esos peritos se desdijo y luego volvió a la posición inicial. O sea que todos los peritos coincidieron en que los frenos funcionaban por lo cual, la responsabilidad del choque fue del que no usó los frenos. Pero el juez tomó la declaración verbal cuando el hombre ya se había desdicho de la misma. El juez no pudo comprobar que hubo coimas ni enriquecimiento pero el escándalo mediático fue tan ruidoso que el juez condenó al ex ministro Julio De Vido  a cinco años y medio de prisión por no haber controlado la forma en que el concesionario utilizaba los subsidios que recibía del gobierno.

Fue una condena mediática, y por lo tanto también política. Representantes de los medios oficialistas habían sido convocados cuando De Vido fue detenido, lo mismo que cuando detuvieron a Amado Boudou. Las dos detenciones fueron un circo mediático sostenido por la doctrina Irurzun sobre “lazos de poder residuales” que podrían obstruir a la justicia, por lo cual se le aplica la prisión preventiva a cualquiera que haya sido funcionario kirchnerista apenas se lo acusa. Además de transgredir las garantías individuales mínimas, ni siquiera fue ingeniosa la excusa para montar ese circo a pedido del gobierno. En ese marco De Vido también es un preso político.

Y lo mismo con Amado Boudou. Fue ex ministro de Economía y vicepresidente, se llenaron centenares de páginas para describir la corrupción que había practicado, se le abrieron numerosas causas para que el escándalo fuera más ruidoso. Y no le pudieron probar nada. El mismo juez lo reconoció en la condena. A pesar de todo lo que se escribió, no había ninguna prueba de que se hubiera favorecido o enriquecido a partir de una decisión suya como funcionario. El juez lo tuvo que condenar a cinco años por su “íntima convicción”. Después del escándalo mediático, si no lo condenaba, el oficialismo lo hubiera destripado. Condenar a alguien sin pruebas lo convierte en un preso político.

Y lo mismo con Fernando Esteche, preso por la causa del memorándum con Irán y ni siquiera era funcionario. Está preso por mala prensa y por lo tanto es otro preso político. Y de la misma manera los otros dirigentes sociales que están en prisión con Milagro Sala.  

Los tribunales fueron convertidos por el gobierno de Cambiemos en una parodia de Justicia, como el cuadrilátero de Titanes en el Ring fue una parodia de la lucha deportiva. Y sin embargo, las listas que ganaron el primero y segundo lugar en el Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal son macristas. La degradación del Poder Judicial que significó el desembarco de la derecha en el gobierno está respaldada por una corporación profesional que le dio sus tres representantes en la Magistratura, con lo cual el macrismo puede profundizar su manipulación en la justicia. El modelo de Cambiemos no es novedoso, es el modelo tradicional que históricamente fue concebido como garante del poder económico, pero llevado a un extremo grotesco por el neoliberalismo y por los valores toscos que instala la lógica amarillista y reduccionista de los medios tradicionales y las redes sociales. El ejemplo es Brasil, pero en todo el mundo se produce un fenómeno de regresión a  ideologías que se amasan en una respuesta instintiva a los miedos, a veces amplificados por los mismos medios, a veces generados por las consecuencias amenazantes de la crisis.

El neoliberalismo lleva al extremo y fuerza las herramientas institucionales y los valores que sostienen al poder económico. El proceso de deformación de una institución como el Poder Judicial  muestra los límites de ese modelo para la construcción de una sociedad democrática. El desafío será salir de esta ruina y diseñar una reinstitucionalización que sintonice con sociedades que tiendan a disminuir la desigualdad y las injusticias.

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