El Forjista

Los perseguidos de Clarín

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No podemos decir que en la Argentina existe democracia plena mientras las corporaciones sigan actuando impunemente persiguiendo a aquellas personas o grupos que no se arrodillan ante su inconmensurable poder.

Por ese poder es que Magnetto pretende que Víctor Hugo Morales le pague dos millones de pesos en concepto de "daños y perjuicios".

Cuando la cuestión es exactamente al revés, es Víctor Hugo el agredido y calumniado por el grupo Clarín y sus barras bravas disfrazados de periodistas, los cuales llegaron a la canallada de mencionar su dirección al aire.

Decía Yabrán que tener poder es tener impunidad, de esa impunidad gozan los directivos de Clarín que mediante la complicidad de un sector de la Justicia que adormece las causas que rozan a las corporaciones, como ocurre con la causa de la apropiación de Papel Prensa y con las denuncias de lavado de dinero contra el grupo Clarín.

Pero Víctor Hugo no es el único afectado por esta persecución del grupo, en la causa en que se juzga a Fiscal Campagnoli, se ha podido verificar manejos mafiosos los cuales se han producido un mes después que el jefe de la barra brava de Magnetto, Jorge Lanata convocara a escrachar y amenazar a jueces y a sus hijos.

No hay que olvidar que una de las causas por la que se lo juzga a Campanogli es por la sospecha cierta que son los abogados de Clarín quienes les redactaban las sentencias como pudo verificarse en una causa.

Estos aprietes han derivado en la renuncia de la jueza Martínez Córdoba por problemas de salud luego de las presiones que surgieron desde el diario, a renglón seguido se produjo un escrache de la jueza con la publicación de su foto, su dirección y su teléfono.

Otro fiscal Adolfo Villate recibió amenazas telefónicas y el frente de su casa apereció pintada con insultos hacia su persona.

Estos aprietes mafiosos han sido alentados desde el grupo Clarín tratando de provocar temor entre quienes no se someten a sus deseos.

Mientras esto ocurre la Corte Suprema guarda silencio, de igual manera que los partidos opositores, esto no les impide llenarse la boca sobre la necesidad de respetar las instituciones.

El gobierno nacional debería adoptar las medidas necesarias para que los jueces y fiscales puedan trabajar con la suficiente tranquilidad sin tener que padecer un calvario cada vez que intentan llevar al banquillo de los acusados a algún integrante de las grandes corporaciones que al parecer siguen gozando de la impunidad de la que hablaba Yabrán.

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