El Forjista

Las muertes del PRO

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La corrupción que impera en la gestión de Mauricio Macri le ha costado la vida a humildes trabajadores y servidores públicos, esta situación ya no puede ocultarse a pesar de los esfuerzos de la prensa canalla por esconderlos o por derivar la responsabilidad hacia otro lugar.

Para que esa corrupción pueda desarrollarse sin riesgos para los funcionarios macristas, también el Poder Judicial de la Ciudad forma parte de un entramado montado con el fin de permitir la impunidad ante actos
que merecen el repudio de la ciudadanía porteña.

No pretendemos mostrar aquí todos los casos, sólo mencionaremos algunos de los más resonantes y otros que no han merecido la atención de los medios concentrados pero que ha costado la vida de trabajadores que estaban cumpliendo con sus labores en las peores condiciones.  

 

El derrumbe en el gimnasio de Villa Urquiza

El lunes 9 de agosto de 2010 se produjo el derrumbe de un gimnasio en el barrio de Villa Urquiza ubicado en la calle Mendoza 5030 casi esquina Triunvirato produciendo la muerte de tres personas, mientras que otras once personas resultaron heridas. Los fallecidos fueron Guillermo Fede de 37 años, Luis Lu de 23 Maximiliano Salgado de 18.

Lindero al gimnasio se estaba construyendo un edificio de 10 pisos, todos los indicios indicaban que fue  esa obra la responsable del debilitamiento de la estructura del gimnasio que concluyó con el derrumbe al no tomarse los recaudos necesarios para evitar la tragedia.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires responsabilizó al ingeniero civil Guillermo Heyaca Varela responsable de la obra, Mauricio Macri declaró en conferencia de prensa que el derrumbe se produjo por la “enorme impericia del ingeniero”. El apresuramiento de los funcionarios del PRO culpando solamente al ingeniero pareció una burda maniobra para liberar de responsabilidad a la constructora.

Los negocios de las constructoras amigas son protegidos de manera muy particular  por el gobierno porteño que las deja actuar sin control alguno, a pesar de los continuos reclamos de vecinos y trabajadores por los desastres ocasionados en reiteradas oportunidades. 

Los funcionarios de la ciudad declararon unos días después que la obra estaba en regla, sin embargo desde el Sindicato de la Construcción (UOCRA) se señaló que la misma había sido denunciada pues la obra adolecía de varios problemas estructurales, meses antes habían denunciado a la empresa José Pataro SRL por no haber apuntalado los muros de las medianeras.

A pesar de los esfuerzos de Macri por culpar exclusivamente al ingeniero mencionado, en un principio la Justicia también imputó a Daniel Menta el dueño de la constructora y José Pataro el dueño de la excavadora, todos ellos fueron procesados por la jueza María Fontbona de Pombo pero cuatro meses después la Cámara del Crímen revocó la medida.

Días después del derrumbe, Macri despidió a Oscar Ríos titular de la Agencia Gubernamental de Control pero esta medida  no fue tomada porque se lo considerara responsable de la tragedia, la medida fue adoptada porque Ríos ni siquiera estuvo presente en las tareas de rescate.

Una pericia realizada por los bomberos determinó en noviembre de 2010 que los constructores no habían tomado las medidas necesarias para evitar dañar la estructura del gimnasio.

Al cumplirse un año de la tragedia los familiares de los fallecidos denunciaron que no había ningún procesado. Los abogados de las víctimas explicaron que la  estrategia de los acusados fue demostrar que el motivo del derrumbe fue la negligencia en la construcción del gimnasio y que nada tuvo que ver la obra en construcción.

Durante 2010 se aprobó en Villa Urquiza la construcción  152.881 metros cuadrados, Silvia Messina de la asociación “Juntos por Urquiza” declaró: “Se construye sin control, se ven obras sin los carteles de permiso. Las clausuran pagan una multa irrisoria y después vuelven a empezar”.

Al cumplirse 4 años de la tragedia el 9 de agosto de 2014 los familiares denunciaron que la causa estaba paralizada.

Hernán Fede hermano de uno de los fallecidos declaró: “Para nosotros el Gobierno de la Ciudad es el responsable de controlar las obras, pero no lo hicieron y pasó lo que pasó. Hoy no hay nadie procesado en la causa y los imputados no hacen más que pedir los peritajes para que la causa no avance”.

Finalmente en mayo de 2015 la jueza sólo terminó procesando al ingeniero Guillermo Heyaca Varela y al empresario Daniel Menta, ningún funcionario resultó acusado, a pesar que el director general del Trabajo del gobierno de la ciudad Angel Rodriguez fue responsabilizado porque su  dependencia envió  inspectores a la obra lindera del gimnasio tras la denuncia de la UOCRA, sin que se adoptaran medidas que evitaran la catástrofe.

 

El derrumbe en Beara

El 10 de septiembre de 2010 se derrumbó el entrepiso del boliche Beara en el barrio de Palermo en la calle Scalabrini Ortiz 1638, en esa tragedia perdieron la vida Ariana Beatriz Lizarraga de 21 años y Laura Leticia Provedo de 20,  otras 20 personas sufrieron heridas de consideración, el desenlace fue producido por  la gran cantidad de gente que se encontraba en el VIP. Según testigos la puerta de emergencia estaba cerrada con un candado.

Previamente el local ya había sido clausurado en dos oportunidades por desvirtuar el rubro para el que estaba habilitado. La empresa El Viejo Sabio, dueña del local, pidió ampliar sus servicios al de casa de fiestas privadas lo que le fue concedido en 18 días, un tiempo récord.

Hacia fines de 2012 la jueza Iermini cargó la responsabilidad en los empresarios y desligó a los funcionarios, por el contrario el fiscal Andrés Madea apeló la resolución por entender que los funcionarios eran responsables y la Cámara le dio la razón.

La Sala Séptima de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional determinó que el Boliche Beara fue habilitado de manera  irregular por el pago de sobornos de los empresarios a funcionarios de la ciudad y posiblemente también a policías. Los procesamientos fueron dictados contra el Jefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Cassano y del inspector Carlos Gabriel Mustapich y de los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.

También fueron imputados los gestores en habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto, del Arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Raldolsky y el maestro mayor de obras Gustavo Amaru quién avaló la construcción que colapsó.

La Cámara también revocó los sobreseimientos del ex titular de Habilitaciones del gobierno Martín Farrell y del ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikaukas quienes volvieron a quedar imputados por supuestos sobornos y confirmó el procesamiento del relacionista público Maximiliano Fratino.

Los sobornos se pudieron comprobar al encontrarse documentos en las computadoras de la empresa dueña de Beara donde se especificaba “pago de cometas”.

Como si se tratara de una broma macabra uno de los funcionarios imputados Martín Farrell fue propuesto por el gobierno de la ciudad para ocupar el Juzgado Nro. 5 en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad.

Alicia Tagliaferro madre Leticia Provedo, fallecida en Beara, declaró que su hija murió “porque empresarios inescrupulosos en connivencia con funcionarios corruptos habilitaron Beara, que hasta era promocionado por la página de la Ciudad de Buenos Aires, como un lugar seguro”.

También recordó que “el entrepiso de Beara jamás debió ser construido ni habilitado y jamás tampoco, debieron levantarle las clausuras a ese boliche que funcionaba como tal y era en realidad un salón de fiestas privadas”. También cuestionó duramente a la jueza Alicia Iermini que sobreseyó a los funcionarios de la ciudad.   

Los familiares de las víctimas de Beara realizaron una conferencia de prensa en la legislatura porteña el 14 de mayo de 2014 para repudiar el intento de nombrar juez a Martin Farrell.

Un mes después Farrell fue sobreseído por la jueza Iermini quién desde un primer momento se esforzó por proteger a este funcionario. El Fiscal Andrés Madrea había acusado a Farrell de acordar con los dueños de Beara para habilitar el local, el fiscal pidió en cuatro oportunidades que Farrell fuera citado a declarar sin embargo la jueza nunca lo citó, también fue sobreseído Pablo Saikauskas. La jueza Iermini había sido acusada un tiempo antes de cajonear el expediente por el asesinato de Walter Bulacio.

Maximiliano Fratino relacionista público de Beara es miembro del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, fue uno de los organizadores de la jornada del 10 de septiembre de 2010 donde perdieron la vida las dos chicas.

En este caso sí existen funcionarios procesados pero vimos como la jueza se esforzó por no llegar hasta aquellos escalones más altos de la estructura de gobierno del macrismo.
 

El incendio en Iron Mountain

El 5 de febrero de 2014 se produjo un incendio de los depósitos de la empresa multinacional Iron Mountain en el barrio de Barracas ubicado en la calle Azara 1245, mientras los bomberos intentaban abrir una puerta la pared se derrumbó provocando la muerte a diez de ellos, al rato otras tres paredes también colapsaron. 

Iron Mountain es una compañía de origen norteamericano y su servicio principal es la gestión de archivos y la protección de datos, muchas empresas particularmente bancos recurren a sus servicios, teniendo presencia en unos 35 países. Según la publicidad de la empresa contaba en los depósitos con protección total contra incendios.

La multinacional ya había tenido antecedentes de incendios en otras partes del mundo, en 1997 ardieron tres depósitos en New Jersey en los Estados Unidos, en 2006 se produjeron  incendios en Londres, Inglaterra y en Ottawa, Canadá. El 4 de noviembre de 2011 un incendio afectó la filial de Aprilia en Italia.

Diez víctimas mortales causó la tragedia, ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil, nueve fallecieron el día del incendio en tanto que el bombero voluntario Facundo Ambrosi murió 12 días después producto de las heridas sufridas. Ambrosi era miembro del cuartel de la Vuelta de Rocha que también integraba Sebastián Campos, otro de los fallecidos.

Además de los dos bomberos voluntarios también perdieron su vida, cinco bomberos que  pertenecían al Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal: Damián Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli y Anahí Garnica que fue la primera bombero mujer de la Policía Federal. 

En tanto que Leonardo Arturo Day era el Jefe del departamento Zona I de la Superintendencia Federal de Bomberos, José Luis Méndez trabajaba en el Cuartel de Villa Domínico y Pedro Baricola de la Dirección General de defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires.   

La causa por la investigación quedó en el Juzgado Nacional en los Criminal N° 18 de Pablo Ormaechea y la instrucción a cargo de la fiscalía N° 37 de Marcela Sánchez, al cumplirse un año aún no se habían concluido las pericias para determinar las causas del desastre.

De la investigación judicial surgía que no habían funcionado los aspersores, sin embargo no hubo comunicado alguno de la empresa explicando las razones de la tragedia, recién al año dio a conocer un comunicado sin exponer sobre las causas del incendio.

Iron Mountan se apresuró a buscar arreglos por indemnizaciones con los familiares de las víctimas para evitar demandas judiciales. Al cumplirse un año sólo continuaban como querellantes los parientes del bombero fallecido Eduardo Canesa y la esposa de integrante de Defensa Civil Pedro Barícola, extrañamente entre las 642 empresas que eran clientes de Iron Mountain sólo Direct TV quedó como querellante.

Pocos días después del cumplirse el año del incendio los peritajes de la Policía Federal determinó que el incendio fue intencional o sea estábamos ante un accionar criminal que había costado la vida diez servidores públicos.

La fiscal Marcela Sánchez declaró que hubo varios focos del incendio y que se utilizó material para incentivar el fuego. A eso debe agregarse que los aspersores no funcionaron, que las bombas no tuvieron suficiente presión y que los depósitos de agua estaban a la mitad de su capacidad.

La última inspección en el depósito por parte de los responsables de contralor de la Ciudad se había realizado en julio de 2012 durante todo el año 2013 no hubo inspección alguna.

El inspector de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro denunció las irregularidades del gobierno Macri al no controlar a la empresa Iron Mountain, en la denuncia presentó un video donde el ex director general del Trabajo del gobierno de la ciudad Angel Rodriguez reconocía que en el 2009 encontró miles de actas de inspectores que proponían clausuras que habían sido tiradas.

También se conoció que el gerente operativo de inspección, Fernando Cohen, admitió en una cámara oculta que el propio Mauricio Macri llamaba a inspectores parda frenar clausuras de aquellos amigos del jefe de gobierno.

Castro declaró: “Ese fue el caso del Laboratorio Beta, que ya Cohen había dicho que no se podía clausurar, porque era amigo de Macri. Luego de eso, le fuimos a hablar a Rodriguez, quien se comprometió a intervenir, pero nunca hizo nada”. El dueño de Beta es Gregorio Zidar uno de los vicepresidentes de Boca.

Tanto el área donde se desempeñaba Rodriguez como la de Cohen responden al Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera que es un ex funcionario del banco HSBC, en el incendio se quemaron unas 5000 cajas del banco quién se encuentra investigado por lavado de dinero.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero (PROCELAC) informó que varias de las empresas que eran clientes de Iron Mountain eran investigadas por lavado de dinero.

Castro declaró que el diálogo con Rodríguez se realizó a raíz de la continua pérdida de las actas de las inspecciones entre las cuales se encontraba el pedido de clausura a Iron Mountain.

El gobierno de la ciudad también otorgó una serie de exenciones impositivas a Iron Mountain a lo que se agrega el bloqueo de las inspecciones como denunciara el legislador porteño Marcelo Ramal.

La PROCELAC anunció que de las 43 empresas que sufrieron pérdidas de documentos 29 estaban siendo investigadas, varias de las cajas incendiadas tenían como rótulo “Lavado de dinero”.

La investigación que realiza la PROCELAC intenta determinar si existe alguna vinculación entre el incendio y el denominado SWISSLEAKS donde quedó en evidencia las maniobras del banco HSBC para lavar dinero y evadir dinero, en dichos manejos ilegales se encontraban 4000 cuentas de argentinos que se   habían fugado por un  monto que alcanzaba los 3.500 millones de dólares.

 

Incendio en un taller clandestino

En la calle Paez 2798 del barrio de Flores, el día 27  de abril 2015 se produjo el incendio en una casa donde funcionaba un taller textil clandestino, en la tragedia perdieron la vida dos niños de 7 y 10 años los hermanos Orlando y Rodrigo Camacho.

Había un antecedente cuando el 30 de marzo de 2006 se incendió otro taller en el barrio de Caballito, en esa oportunidad murieron una pareja y cuatro chicos de nacionalidad boliviana. En ese momento gobernaba Telerman y se produjo la renuncia del Director de Trabajo, nada de eso ocurrió con la gestión de Macri, donde parece no existir responsables.

El trabajo de rescate del SAME y los bomberos se complicó porque la casa tenía las ventanas tapiadas y sólo tenía una puerta lateral para ingresar.

El incendio se desató en el subsuelo donde estaban las camas que utilizaban los trabajadores sometidos a un régimen de servidumbre.

Tres adultos fueron trasladados al hospital Álvarez entre los que se encontraban los padres de los chicos muertos y un policía que trabajó en las tareas de rescate.

Según declararon algunos vecinos en la misma cuadra existen otros cuatro talleres clandestinos y a la vuelta por la calle Condarco hay otro. Lucas Schaerer de la Fundación Alameda estimó que en la ciudad funcionan unos 3000 talleres clandestinos.

El gobierno porteño responsabilizó a la Justicia, Horacio Rodriguez Larreta declaró: “Lamentablemente, sin una orden de allanamiento emitida por un juez, el gobierno porteño no puede ingresar por la fuerza en este tipo de inmuebles, que desde afuera parecen casas particulares. El inspector golpea y, si nadie le abre, nada puede hacer. Es un tema de difícil solución”.

El papa Francisco expresó su dolor al enterarse de la muerte de los dos niños  y reclamó que “nunca más sucedan estas cosas, fruto de injusticia” así lo hizo saber en una carta dirigida a Gustavo Vera de la asociación La Alameda y también legislador porteño.

Gustavo Vera expresó sus sospechas de existencia  de una posible connivencia policial de la comisaría 50, también indicó que ese taller y otros de la zona fueron denunciados sin  que se tomaran medidas de ningún tipo, en septiembre de 2014 se denunciaron 30 talleres entre ellos el que resultó incendiado, esa denuncia se efectuó ante el Procuraduría de Trata y Explotación (PROTEX), dirigida por Marcelo Colombo.

Vera mencionó que la mayoría de los trabajadores sometidos a ese régimen de esclavitud son de origen boliviano que llegan al país con falsas promesas de trabajo y que deben cumplir largas jornadas de trabajo que pueden llegar hasta las 20 horas. A los chicos se los lleva a la escuela y después deben compartir ese reducido espacio de trabajo.  

En tanto Hugo Yasky de la CTA responsabilizó por la tragedia  a Fernando Macchi  y pidió su renuncia, titular de la Dirección de Protección al Trabajo de la ciudad, responsabilizó al funcionario por la ausencia de controles e indicó que dicha dirección fue prácticamente desmantelada.

Mientras que el inspector de trabajo de la ciudad Edgardo Castro denunció la inacción del gobierno de la ciudad con respecto a la situación de los talleres clandestinos, es el mismo inspector que denunció irregularidades en el depósito de Iron Mountain.

Castro responsabilizó a Fernando Macchi y Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo de la Ciudad por la falta de control y la impunidad con que actúan dichos talleres y que los mismos proveen a la marca Awada de la esposa de Macri y a otras marcas.

Lucas Schaerer indicó que la familia Awada está denunciada desde el 2006 de igual forma que Le Coq Sportif  que tiene a uno de sus directivos Pablo Clusellas que es Secretario Legal y Técnico del gobierno de Macri.

Rodriguez Larreta declaró que desconocía las denuncias realizada por la ONG La Alameda en septiembre de 2014, sin embargo Marcelo Colombo de PROTEX  reconoció la recepción de la denuncia de la Alameda  y que trasladó la consulta al gobierno de la ciudad, aclarando que en particular sobre el taller incendiado no se había realizado ninguna inspección.

Edgardo Castro denunció el accionar de Fernando Macchi: “cuando le llega una actuación de algún inspector sobre irregularidades en una empresa, o que descubre un taller clandestino, en lugar de proceder a su fiscalización para su clausura, notifica por escrito al empresario que hay una denuncia en su contra y le avisa que lo pueden clausurar...Entonces, ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección, porque cuando llegan inspectores con poder de clausura o no les abren o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno porteño”.

Gustavo Vera terminó presentando una denuncia contra la vice jefa María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete Rodriguez Larreta, el subsecretario de trabajo Enrique Sabor y el director de la Agencia de Control Juan José Gómez Centurión, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Vera señaló que ambos dirigentes, Larreta y Vidal, afirmaron que no conocían denuncia alguna contra el taller cuando consta una denuncia, se debe a un documento del 21 de noviembre de 2014 donde se informaba que no se habían realizado inspección alguna sobre el domicilio que terminó incendiado, de esa manera contestó el gobierno ante un pedido del PROTEX

En tanto Macri declaró: “Dijo que clausurar talleres clandestinos con trabajo esclavo "es complejo, porque finalmente en la desesperación la gente se agarra de estos trabajos y encima se enoja con uno cuando va y los clausura…Es una situación de tipo que uno dice la gente no puede trabajar en estas condiciones y la gente te contesta ¿usted que se mete? Si yo quiero trabajar así déjeme.”

Según Macri: "el mejor combate de esos abusos es lograr tener un país en crecimiento donde haya tanta demanda laboral que estos explotadores no encuentren gente que se quiera someter a este abuso que hacen los explotadores”.

Además, el jefe de Gobierno trató de sacudirse cualquier responsabilidad: "Acá hay un tema muy traumático, que es que ante la falta de trabajo y en muchos casos combinando con la inmigración ilegal, hay gente que abusa y le da trabajo en condiciones inhumanas sin respetar las leyes locales y en forma clandestina”.

"Sistemáticamente recibimos denuncias que atendemos como nunca se atendieron antes. El año pasado hicimos seis mil inspecciones, una cifra impensada”, aseguró el mandatario local.

Sin embargo todas las pruebas tienden a desmentir al Jefe de Gobierno, pues las inspecciones no se realizan y cuando se hacen no se adoptan medidas posteriores.  

El 7 de mayo de 2015 la casa ubicada en Paez 2798 volvió a sufrir un incendio a pesar que la misma se encuentra bajo control policial, existe una fuerte sospecha que la intención fue borrar todas las pruebas que vinculan a ese taller con marcas reconocidas.

Ese mismo día la CTA realizó una manifestación cuestionando al Gobierno de la Ciudad por la situación imperante en los talleres clandestinos y la inacción de esa administración para evitar este flagelo que afecta a los más desprotegidos.

 

Otras muertes  

El 4 de noviembre de 2011 se produjo el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232 donde murió Isidoro Madueña uno de los habitantes.

En mayo de 2011 en Juan Bautista Alberdi al 6400, Mataderos, murió un albañil de 30 años al derrumbarse una estructura de hormigón, en octubre de 2011 en el barrio de Caballito, Directorio al 400, murió un joven de 23 años en circunstancias similares, octubre de 2009 otro obrero falleció al derrumbarse una medianera en Humberto Primo y Sanchez de Loria

En agosto de 2012 Octavio Perez Galimberti falleció aplastado por una marquesina en Lavalle al 1500.
El 19 de septiembre de 2013 falleció Leandro López de 25 años de nacionalidad paraguaya y que vivía en la Villa de Retiro estaba trabajando en una obra en Triunvirato 2985 cuando se produjo un derrumbe, el 1° de agosto la UOCRA había solicitado al gobierno de la ciudad una inspección de seguridad.

 

¿Por qué ocurre esto?

Los funcionarios del gobierno de la ciudad privilegian el lucro empresarial por sobre la vida humana de lo contrario hubiesen adoptado las medidas necesarias para terminar con este tipo de tragedias y hubieran sancionado a los funcionarios responsables de cada uno de estos sucesos, responsables ya sea por corrupción, por negligencia o por incapacidad, incluso algunos de los culpables fueron premiados con nuevos cargos.

El macrismo dio la impresión desde el inicio de su gestión que la vida de los más humildes, no les preocupa, no es motivo de su atención, saben que sin ellos pueden ganar una elección por eso lo que piensen y cómo vivan los tiene sin cuidado. 

Muchos de esos empresarios a los que el PRO le permite actuar impunemente sin control alguno, son los que sostienen las costosas campañas de ese partido, sostén que además le permite gastar enormes sumas en publicidad para mantener a la prensa canalla en silencio y apoyando incondicionalmente la gestión.

Para poder actuar sin preocupaciones necesitan de una justicia cómplice y corrupta que mira para el otro lado cada vez que debe intervenir ante hechos de suma gravedad, ahí marcharán los jueces al rescate de los funcionarios del PRO.

Estas muertes evitables tampoco parecen preocuparle a una buena cantidad de porteños que ya sea porque prefieren no enterarse o porque están infectados con las semillas del odio que distribuyen los medios concentrados. Parecen que hay muertes que preocupan y muertes que les resultan indiferentes, nosotros y muchos otros argentinos preferimos seguir apostando por la vida y porque los funcionarios actúen con el corazón y no con el bolsillo para evitar muertes como las que se mencionaron en este informe.
 

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