El Forjista

La oligarquía judicial

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Y en la cruda indiferencia, entre el cólera y el "curro"...
Hay un juez que se hace el "burro" y también...
¡Hay un burro que hacen juez!
Argentina Primer Mundo – Eladia Blazquez


El Poder Judicial tanto en nuestro país como en casi todo el mundo, tiene como principal finalidad la de resguardar los intereses del poder económico, producto de esa principal función surge otra de sus atribuciones que es la de evitar que aquellos sectores a los que consideran subalternos, es decir quienes carecen de poder económico, se rebelen y de esa manera pongan en peligro aquellos intereses que ellos defienden.

Aquellos que están plenamente imbuidos de esa responsabilidad reaccionan con pavor e iracundia en aquellas escasas oportunidades en que los pueblos eligen a gobiernos que efectivamente los representan, Argentina y otros países de América Latina están atravesando una de esas extraordinarias oportunidades, por lo cual el vetusto Poder Judicial se encuentra al borde de un ataque de nervios y responde de manera irracional.

También existe lo que podríamos llamar el “síndrome del mayordomo”, como éste se encuentra apenas un escalón por arriba del resto del personal de servicio pretende ser dueño por carácter transitivo del mismo poder que posee su amo, esto los ha llevado a los largo de los años a constituirse en una corporación plagada de privilegios de los que carecen los ciudadanos comunes.

Cobran abultados salarios del erario público a pesar de lo cual no pagan el Impuesto a las Ganancias,  ocupan sus cargos de por vida como si estuviéramos en la Edad Media situación que sólo puede equipararse con la realeza o con el presidente de la Asociación del Futbol Argentino. Y además pueden de darse el lujo de desconocer sus propios reglamentos y mantenerse en sus cargos más allá de los 90 años.


Casadas con Clarín

Cuando estalló el caso que mostraba las maniobras del banco HSBC que le permitió a miles de pudientes argentinos sacar el dinero del país con la consiguiente sospecha que estaban lavando dinero y evadiendo el pago de impuestos, la AFIP comenzó una causa judicial que recayó en la jueza María Verónica Straccia quién se excusó por “razones personales” luego se supo la causa verdadera, su esposo es abogado de Cablevisión empresa que pertenece al grupo Clarín.

Ante la actitud de esta jueza la causa recayó en el juez Javier López Biscayart quién insólitamente se negó a recibir la documentación presentada por la AFIP, nunca quedó bien en claro si esta negativa significa un reconocimiento del juez que no estaba dispuesto a enfrentarse a quienes están involucrados por haber abierto cuentas en Suiza sin declararlas ante el fisco.

Ante la negativa de López Biscayart, la Cámara correspondiente dispuso que la causa retornara a la jueza Straccia considerando que la vinculación laboral de su esposo no afectaba su independencia, a pesar que la empresa Cablevisión y varios directivos de Clarín se encuentran involucrados en la causa. Creemos que por esta situación no hay que tener demasiadas expectativas por el avance de esta causa.

Pero una situación como esta no es la primera vez que sucedió, la jueza Graciela Medina que integra la Sala III de la Cámara en los Civil y Comercial está casada con el abogado Julio César Riviera que también es asesor de Cablevisión y otras empresas del grupo Clarín, esto no le ha impedido a la jueza Medina dictaminar a favor de Fibertel que también integra el mismo grupo y también estuvo involucrada en las cautelares de Clarín para evitar la aplicación de la Ley de Medios.

Ante estos casos de vinculaciones de jueces con las corporaciones cabe preguntarse ¿el Senado designa jueces que tienen familiares vinculados a las corporaciones o son los grupos económicos quienes contratan a familiares de los jueces para luego poder influenciar sobre los fallos de ellos?. Al carecer de la información necesaria para contestar a este interrogante nos inclinamos sobre la segunda opción pues estas relaciones le han sido sumamente útiles a la corporación mediática.

La jueza y el narcotraficante

La jueza María Gabriela Lanz es la pareja de Valentín Temes Coto  quién fue condenado a 20 años de prisión por el contrabando 3.300 kilos de cocaína que intentaron exportar a España en cajas de manzana. A raía de esta situación la jueza se encuentra investigada por presunto lavado de dinero producto del trabajo efectivo realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo del fiscal Carlos Gonella.

Actualmente el impresentable juez Claudio Bonadío está investigando a los fiscales Gonella y Emilio Guerberroff, éste último fue quién solicitó que se llamara a declarar a la jueza Lanz, precisamente fue la jueza quién denunció a los fiscales por mencionar su relación con el narco detenido.

 La jueza novia del narcotraficante sigue ejerciendo mientras que los fiscales, que cuidan de los intereses de todos los argentinos están siendo perseguidos, Bonadío ejerce una férrea defensa corporativa de la jueza que ya a esta altura debiera estar alejada de la Justicia.

Precisamente una de las cuestiones que más les molestan a las corporaciones es que el Estado se ponga a investigar el origen de los cuantiosos fondos que manejan, algunos de los cuales parecen tener una precedencia  bastante sospechosa, por lo cual intentan que no se devele el origen de esos recursos que llenan sus arcas, ese es el principal motivo por la cual la PROCELAC es atacada por los grupos económicos y sus sirvientes judiciales y mediáticos.

Una servilleta mugrienta

Corrían los años de la “década infame menemista” y el Ministro del Interior Carlos Corach anotó en una servilleta los nombres de los jueces sobre los que el gobierno tenía plena influencia, esa lista le fue mostrada al Ministro de Economía Domingo Cavallo, situación que fue denunciaba por éste cuando se distanció del gobierno menemista.

En esa lista de la vergüenza figuraba el nombre del juez Claudio Bonadío, quién había sido funcionario del ministerio de Corach y que fue nombrado en la Justicia con el claro objetivo de cubrir las espaldas de los funcionarios y de garantizar la entrega del patrimonio nacional que consumó ese gobierno.

El paso de Bonadío por el Poder Judicial es un claro ejemplo del estado desastroso en que se encuentra la Justicia argentina, actualmente este juez acumula una gran cantidad de denuncias en el Consejo de la Magistratura las cuales no avanzan porque cuenta con el apoyo de sus colegas magistrados que actúan corporativamente y por la complicidad de la oposición política.

Bonadío se ha caracterizado por sentarse sobre algunas causas para que no avancen y de esa manera prescriban tal el caso de la venta del astillero Tandanor y  la estafa de la curtiembre de la familia Yoma al Banco Nación.
En otra causa en que participó este juez, es el caso de la contaminación de pacientes hemofílicos de HIV y de hepatitis B y C,  la desidia del juez provocó que muchos de los testigos hubiesen muerto cuando debieron declarar en la causa.

En otra de las 10 causas contra este juez que se encuentra cajoneadas en la Magistratura, se relaciona con la orden de Bonadío a los bomberos de dejar de buscar víctimas luego del terrible accidente en Once cuando aún restaba encontrar el cuerpo de Lucas Menghini Rey,  luego para salvar su irresponsabilidad acusó a los bomberos por suspender la búsqueda.

Los ciudadanos desprotegidos

Precisamente estos magistrados que se asumen como guardianes de los intereses del poder económico se despreocupan por la situación de los ciudadanos comunes, no les importa en lo más mínimo los padecimientos del hombre común, ellos se consideran que están para otra cosa.

Muchas veces vemos fallos que sólo pueden explicarse por esta desidia e irresponsabilidad de algunos jueces, veamos algunos casos.

El primer juicio por el secuestro y desaparición  de Marita Verón realizado en Tucumán concluyó con la escandalosa absolución de todos los acusados, una de las razones para el fallo fue que los jueces no creyeron en la declaración de las testigos por tratarse de prostitutas, precisamente la  causa estaba vinculada con la trata de personas.

Hace apenas unas semanas prescribió la causa por la tragedia de los estudiantes del Colegio Ecos que viajaban a Chaco en una misión solidaria, en el suceso murieron 9 alumnos y un docente, en una instancia anterior el chofer del micro había sido condenado a tres años de prisión en suspenso y a siete años de inhabilitación la prescripción dejó sin efecto esta condena.

En Jujuy ningún juez se animaba a avanzar en la causa contra Carlos Pedro Blaquier por la denominada “La noche del apagón” cuando en épocas dictatoriales el Ingenio Ledesma propiedad de Blaquier colaboró con la fuerzas militares en la desaparición y muerte de trabajadores de la empresa, el juez que mantuvo por años la causa paralizada terminó siendo el abogado defensor del acusado, debió designarse a un juez de otra provincia para que la causa avanzara, pero ahora nuevamente los Blaquier lograron paralizar la causa.

En noviembre de 2011 el dirigente campesino Cristian Ferreyra del MOCASE fue asesinado, la justicia de Santiago del Estero condenó con 10 años de prisión al autor material pero absolvió al autor intelectual el empresario sojero Jorge Ciccioli, el diputado nacional Leonardo Grosso expresó: "Es una vergüenza la Justicia de Santiago del Estero, legitima el crimen por parte de los empresarios que todos los días despojan de sus tierras a los campesinos de la provincia".

Walter Bulacio murió en 1991 al concurrir a un recital de los Redonditos de Ricota, quedó clara la responsabilidad de la Policía Federal en la muerte del joven de apenas 17 años, recién se juzgó a un comisario Miguel Angel Espósito en el 2013, a quién se encontró responsable y se lo condenó a tres años de prisión en suspenso por lo que nunca fue detenido, cabe mencionar que los policías responsables de esta muerte fueron varios a pesar que sólo se juzgara a uno sólo.

Los métodos mafiosos

Nuevamente un juez dispuso una cautelar que impide la plena aplicación de la Ley de Medios para el multimedios Clarín, se trata en esta oportunidad del juez Horacio Alfonso, algunos medios se sorprendieron porque este juez había dictaminado en otra oportunidad la constitucionalidad de la Ley que era cuestionada por Clarín.

Qué pasó entre un fallo y otro? Una de las cuestiones que ocurrió fue que un  vocero de Clarín, Jorge Lanata, llamó a escrachar a los jueces y sus familias cuando dictaminaran de manera contraria a los intereses del grupo económico.

Los sicarios de Clarín actuaron en consecuencia, el fiscal Daniel Adler que vive en Mar del Plata y que votara en contra que se repusiera en su cargo al fiscal José María Campagnoli, debió padecer de un escrache en su domicilio y en el colegio de su hija.

Estos son los comportamientos mafiosos dirigidos desde un medio de comunicación y que seguramente han logrado intimidar a muchos miembros de la Justicia que ahora no se animan a hacer nada que irrite a ese medio de comunicación.

Más relaciones entre la justicia y Clarín

El juez Francisco de la Carreras es integrante de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, la cual ha demostrado reiteradamente estar dispuesta a fallar a favor del grupo Clarín, pues bien, este juez ha viajado a reuniones en el exterior con los gastos pagos alojándose en hoteles de cinco estrellas a un Congreso del CERTAL que es la sigla que responde al larguísimo nombre de Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso de la sociedad de la información en América Latina.

Certal está integrada entre otras empresas por Clarín por lo que el juez debió declinar la invitación o bien abstenerse de actuar cuando estuviera en juego los intereses de ese grupo, nada de eso ocurrió y este juez actúa a favor de Clarín cada vez  que la empresa lo necesita.

Otro juez que ha viajado a los congresos de Certal es Ricardo Recondo, cuya hija es la Coordinadora General por Argentina de esa organización, esta vinculación no le ha impedido dictaminar a favor de Clarín.

Este juez es el presidente de la Asociación de Magistrados que es una institución corporativa desde la cual se defienden los privilegios de los jueces, antes de eso fue miembro del Consejo de la Magistratura desde la cual protegió a jueces como Bonadío.

Otro juez que ha favorecido los intereses de Clarín es Julian Ercolini quién mantiene paralizada la causa Papel Prensa que investiga cómo los directivos de Clarín y La Nación se hicieron de manera ilegítima con la propiedad de esa empresa en años de la dictadura militar.

También el diario La Nación se vio favorecida por la actuación de los jueces, el matutino contó con una cautelar de la mismísima Corte Suprema por espacio de 11 años por una deuda de 400 millones de pesos con la AFIP, recientemente esta cautelar fue levantada pero el diario deberá pagar sólo parte de la deuda, lo escandaloso del caso es que un miembro de la Corte Carlos Fayt es cuñado de José Claudio Escribano miembro del directorio del diario.

No todo está perdido

Por cierto que  no todo el Poder Judicial actúa de igual forma, están aquellos jueces y fiscales que  llevaron adelante los juicios contra los genocidas y torturadores, incluso están quienes se han animado a enjuiciar a los actores civiles de la dictadura los que muchas veces pasan desapercibidos por la protección de la gran prensa que también fue cómplice en aquellos años de pavor.

El surgimiento de “Justicia legítima” abre una gran esperanza en el sentido que hay protagonistas que están haciendo todos sus esfuerzos para democratizar la justicia y que ella llegue a los ciudadanos comunes y no sea un reaseguro para los negocios sucios de los poderosos.

No es casual que los grandes medios ataquen de manera desmesurada a esta nueva organización, y que centren su intolerancia sobre la jefa de los fiscales Gils Carbó, quién está trabajando en el mismo sentido.

También en la actualidad hay un gobierno nacional que intenta democratizar ese poder como ocurrió con otros ámbitos, aunque por el momento sin demasiado éxito.

Pero lo que aún está faltando es la apelación a la movilización popular para ejercer una defensa efectiva que quienes resultan atacados por la oligarquía judicial. La movilización en Jujuy permitió que se pudiera  enjuiciar a Blaquier y en Tucumán que se realizara un segundo juicio a los responsables de la desaparición de Marita Verón.

Más allá de la lucha que necesariamente se debe dar en el plano judicial, lucha que por otra parte sólo pueden dar quienes tiene títulos para hacerlo, también es indispensable apelar a la participación de la ciudadanía que es la principal interesada en que de una vez y para siempre la Justicia será merecedora de ese nombre.

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