Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura

Este es un libro imprescindible para comprender que la dictadura no fue exclusivamente militar hubo un amplio componente civil que en determinados casos fue mucho más allá de la complicidad, para convertirse en actores principales de ese nefasto suceso de la historia argentina.

Precisamente por la importancia de este estudio, donde participan destacados periodistas e investigadores, lo que nosotros pretendemos realizar aquí es una especie de resumen donde nos limitaremos particularmente a la participación empresaria, el libro también aborda otros aspectos como la complicidad judicial, eclesiástica y sindical que no abordaremos aquí, sólo mencionaremos algunos casos en que la dirigencias sindical actuó en complicidad con la fuerzas represivas pero sin entrar en mayores detalles.

La participación del empresariado permitió que  muchos de ellos consideraran que la llegada de la dictadura significaba una oportunidad para realizar excelentes negocios mientras la gran mayoría de los argentinos debían pasar por enormes penurias de todo tipo, esta participación corporativa se pudo manifestar en tres aspectos: la generación del clima propicio para realizar el golpe de estado, la colaboración con las fuerzas de seguridad en actos de persecución sobre el movimiento sindical para disciplinar a sangre y fuego a los trabajadores y el aprovechamiento para realizar negocios en algunas oportunidades a costa de otros empresarios que resultaban sospechosos para los dictadores.

Los efectos de la dictadura sobre la clase trabajadora fueron devastadores no solo por la secuela de muertes, detenciones y despidos también lo fue porque se realizó una fenomenal redistribución a favor de los sectores más poderosos económicamente. Aquellos que pudieron seguir trabajando debieron aceptar condiciones sumamente desfavorables por la pérdida del poder adquisitivo y de conquistas que estaban en vigencia desde varias décadas antes.

El aparato represivo del Estado se puso a disposición de las grandes empresas que aprovecharon la situación para desprenderse de aquellos trabajadores que reclamaban por sus derechos, fue así como hubo empresarios que colaboraron activamente en la represión al movimiento obrero.

Los grandes grupos económicos concertaron una alianza con los sectores financieros y los organismos internacionales para establecer un proyecto económico que sólo los beneficiaba a ellos mientras que perjudicaba a la mayoría de los argentinos, precisamente para imponer esto y que los afectados no reaccionaran fue necesario un régimen terrorista que tuvo características mucho más salvajes y sanguinarias que las anteriores dictaduras que por cierto tampoco fueran nada blandas.

Grupos económicos como Arcor, Acindar, Techint, Pérez Companc, Macri, Loma Negra, Clarín, Bunge y Born, Bridas, Bemberg y otros; efectuaron excelentes negocios mientras ubicaban a sus representantes en sectores claves en el manejo de la economía.

Cuando Domingo Cavallo llegó al Banco Central estatizó la deuda externa privada que habían tomado esos grupos y sus préstamos concluyeron siendo pagados por todos los argentinos que fueron sometidos a grandes sacrificios para cumplir con los compromisos adoptados por los poderosos. Esta deuda se incrementó exponencialmente en los años de la tiranía pasando de 7.875 millones de dólares en 1975 a 40.705 para 1982.

Veamos en números el crecimiento de esos grupos, por ejemplo Pérez Companc pasó de controlar 10 empresas en 1973 a 54 en 1983, Techint de 30 a 46, Bridas de 4 a 43, Macri de 7 a 47, Garovaglio y Zorraquín de 12 a 41, Arcor de 5 a 20, y Clarín que tenía sólo una llegó a tener 12 en 1983.

Una investigación efectuada por Azpiazu, Basualdo y Khavisse llegó a la conclusión que la extraordinaria ganancia y crecimiento obtenido por esos grupos no fue producto de la inversión sino que fue la consecuencia de haber aprovechado los beneficios otorgados por el Estado Nacional y por la transferencia de los excedentes al exterior y la posterior transferencia de sus deudas al estado.  

A esta fiesta para muy pocos, también se sumaron las multinacionales radicadas en país que aprovecharon como nadie la posibilidad de perseguir y exterminar a aquellos trabajadores a los que consideraban “problemáticos” y la consiguiente imposición del terror dentro de las fábricas para que nadie más realizara planteos de carácter sindical.

Mientras un grupo de empresario se llenaba los bolsillos y transfería las ganancias al exterior la clase trabajadora perdía las conquistas laborales iniciando un  período que fue catastrófico para el desarrollo del movimiento gremial argentino, se intervino la CGT y los sindicatos, quedó prohibida la huelga y cualquier otra medida de fuerza, se produjeron despidos masivos en el Estado, y se dejó sin efecto históricas conquistas como el Estatuto del Docente y La Estabilidad Laboral de los Trabajadores bancarios.

La Ley de Contrato de Trabajo fue mutilada ya que se derogaron 27 artículos y se modificaron otros 99, el principal autor de esta ley el abogado laboralista Norberto Centeno fue secuestrado junto a otros laboralistas el 7 de julio de 1977 y fue asesinado luego de ser torturado.

Comencemos entonces con el repaso de lo ocurrido en aquellos años nefastos con la actitud asumida por ciertas empresas y empresarios.

Ford

En la década del 70 se produjo una movilización de los obreros en la fábrica Ford de Pacheco para desarrollar una organización que les permitieran plantear reivindicaciones que eran representativas del sentir de las bases, esta dinámica los llevó a enfrentarse con la dirección nacional del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA cuyo secretario general era José Rodríguez.

Pedro Troiani era miembro de la Comisión Gremial Interna de la planta de Pacheco, en abril de 1976 fue secuestrado y torturado, entre marzo y mayo de aquél trágico año fueron secuestrados 25 obreros de Ford, la mayoría de ellos integrantes de la Comisión Interna quienes permanecieron en condición de desparecidos entre 30 y 60 días. Dos de los secuestrados nunca aparecieron. Personal directivo de la multinacional participó de los interrogatorios al que fueron sometidos los detenidos.

Mientras algunos fueron detenidos en sus propias casas y trasladados a una comisaría de Tigre que funcionó como centro clandestino de detención, otros en cambio fueron detenidos en la planta de Ford permaneciendo ahí por algunas horas hasta que fueron trasladados hasta la misma comisaría. Los secuestrados relataron para que para su detención se utilizaron camionetas F100 provistas por la empresa.

La esposa de uno de los detenidos declaró ante la Justicia que al entrevistarse con un militar que participó de los secuestros sacó de un cajón un membrete de Ford y le dijo “Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que quería que chupáramos”.

Son diversos los testimonios que indican que fue la empresa la que brindó los nombres de aquellos trabajadores que fueron secuestrados y también entregó la foto de los mismos para que pudieran ser identificados.

Después del golpe de estado la presencia militar en la fábrica fue permanente ocupando la zona de la cancha de fútbol, la de tenis, los quinchos y los vestuarios donde instalaron un cuartel al que no podían acceder los trabajadores. Mientras que en el comedor de la planta se estableció un turno para que comiera el personal militar.

Los militares actuaban por solicitud del gerente de Relaciones Institucionales, Guillermo Galarraga, unos meses antes de golpe esta persona sostuvo una discusión con los miembros de la Comisión Interna y la concluyó diciéndoles: “Yo con ustedes no discuto más y a partir de ahora denle mis saludos a Camps”, ninguno de los trabajadores sabía quién era Camps que fue designado jefe de la policía de Buenos Aires luego del golpe de estado.

Francisco Perrota era empleado administrativo de Ford y fue secuestrado junto a otro empleado del área de Finanzas, mientras era interrogado y torturado con picana eléctrica reconoció la voz del Jefe de Seguridad de la fábrica, Héctor Sibilla que se encontraba encapuchado, éste era militar y en 1978 luego de la desaparición de los trabajadores de Ford, fue ascendido a teniente coronel.

Al recuperarse la democracia en nuestro país Pedro Troiani inició una demanda contra la automotriz por su despido que se produjo como consecuencia de su secuestro,  porque la empresa adujo que habían abandonado el trabajo,  de igual forma que le ocurrió a los demás trabajadores secuestrados. La demanda fue rechazada por la Corte Suprema con el absurdo argumento que la causa había prescripto, como si hubiese sido posible presentarse ante la Justicia en épocas de dictadura.

Tiempo después la Corte cambió su opinión sobre los tiempos de prescripción no contabilizando los años en que no reinaba la democracia, por lo cual otros delegados de Ford tuvieron más suerte que Troiani.

En el 2004 una firma de abogados estadounidenses aceptó iniciar una demanda contra la Ford de los Estados Unidos, pero la causa se cayó por decisión de estos abogados por la resolución de la Corte Suprema de ese país, de limitar la presentación de casos por la ley de daños en el extranjero por violación de los derechos de las personas.

Después de la declaración de nulidad de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final dispuesta durante el gobierno de Néstor Kirchner se abrió una nueva posibilidad de accionar contra la empresa por su accionar en los delitos de lesa humanidad, Pedro Troiani inició otra causa acompañado por el resto de los delegados.

En el año 2006 el juez que llevaba la causa estaba en condiciones de citar a declarar a los principales responsables de la empresa que eran Nicolás Enrique Courard presidente de la empresa en la Argentina, Pedro Müller gerente general de la planta, el gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el Jefe de Seguridad de Planta Héctor Francisco Sibilla.

Pero luego se planteó una cuestión de jurisdicción por lo que la causa pasó a la justicia federal del partido de San Martín a cargo del juez subrogante Juan Manuel Yajl y el fiscal Jorge Sica  donde la causa se paralizó.

Recién cuando asumió la jueza Alicia Vence en el 2012 la causa se reactivó realizando una inspección en la Planta de Pacheco. A finales de ese año se procedió a llamar a indagatoria como partícipes de los crímenes a los directivos de Ford, en marzo de 2013 luego de varias suspensiones las indagatorias se efectuaron, pero Courard ya había muerto, mientras que Galarraga y Müller se negaron a declarar y Sibilla negó las acusaciones.

El 20 de mayo de 2013 la jueza Alicia Vence dictó el procesamiento de los tres directivos por su participación en la privación ilegal de la libertad y por los tormentos padecidos por los trabajadores. No se dictó la prisión preventiva por lo que los acusados seguían en libertad.

Luego de la aparición del libro se conoció una novedad en el juicio, el 17 de mayo de 2014 la agencia Telam informaba a partir del 8 de julio comenzarían varios juicios orales que afectaban a 40 víctimas incluyendo las de Ford pero también la de otras fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires. Entre los imputados se encuentran los tres directivos de la automotriz.

Mercedes Benz

Esta investigación también pertenece a los tres investigadores que estudiaron el caso de la Ford, la empresa alemana habían mantenido en el pasado un estrecho lazo con el nazismo, durante su sangriento reinado la empresa obtuvo cuantiosas ganancias producto de la provisión de vehículos y material bélico, Mercedes Benz también utilizó mano de obra esclava.

Aquí en la Argentina a partir de la década del 70 hubo varios conflictos de los trabajadores que reclamaban mejores condiciones laborales, al igual que Ford los obreros se organizaron desde la base y mantuvieron un largo enfrentamiento con la dirección de SMATA desconociendo a los representantes del sindicato.

En octubre de 1975 los 4000 trabajadores de la planta de González Catán efectuaron una asamblea y eligieron a su Comisión Interna, SMATA desconoció la validez de la elección y la empresa aprovechó para despedir a 100 trabajadores, entre los cuales se encontraban los que luego serían secuestrados y desaparecidos durante la dictadura.

Los trabajadores realizaron un paro para reclamar la reincorporación de los despedidos, mientras se desarrollaba el conflicto, Montoneros secuestró al jefe de producción de la planta Heinrich Metz, la empresa terminó cediendo y reincorporó a los despedidos, también pagó el rescate  por el directivo y aquí aparece una actitud de la empresa que muestra cabalmente la ilimitada codicia que imperaba entre sus dueños, una investigación detectó que la empresa exageró los números del rescate para evadir impuestos en Alemania.  

De los 16 trabajadores de Mercedes Benz secuestrados en épocas dictatoriales sólo dos aparecieron y fueron quienes pudieron reconstruir la historia del accionar represivo y la complicidad empresarial.

Juan Martín fue secuestrado en abril de 1976 en la misma fábrica, estuvo detenido y padeció torturas en una comisaría de San Justo para ser liberado 19 días después. Héctor Aníbal Ratto fue detenido en agosto de 1977 también en la fábrica por un grupo del Ejército permaneció detenido y fue torturado en una comisaría de Ramos Mejía luego fue trasladado a Campo de Mayo, recuperó la libertad en marzo de 1979.

Hubo otro trabajador que pudo sobrevivir se trata de Alfredo Martín que era supervisor, fue detenido en diciembre de 1976 y torturado en una comisaría de San Justo por Rubén Lavallén, recuperando la libertad unas horas después.

El obrero Héctor Ratto fue convocado el 12 de agosto de 1976 a la oficina del gerente de Producción Juan Tasselkraut, el mismo día unas horas después fue secuestrado, mientras estaba en la oficina escuchó a ese gerente revelar a la policía la dirección del delegado Diego Núñez que al día siguiente fue secuestrado junto a otros trabajadores, todos ellos sufrieron de torturas, Ratto fue liberado un tiempo después, pero Núñez y otros trabajadores continúan desaparecidos.

La participación de Rubén Lavallén muestra cómo actuaban de manera unificada las fuerzas de la represión y la empresa, este represor estaba a cargo del comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo donde funcionaba un centro clandestino de detención.

Lavallén fue identificado por la esposa de Alberto Gigena como uno de quienes secuestraron a su marido que permanece como desaparecido, este represor fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de Seguridad y Vigilancia en la Planta de González Catán.

Lavallén fue condenado a cuatro años de prisión en 1998 por la falsificación del acta de nacimiento de la niña Paula Logares hija de una pareja uruguaya secuestrada en Montevideo y trasladados a la Brigada de Investigación de San Justo en el marco del denominado Plan Cóndor de colaboración de las dictaduras de Sud América. Ambos padres fueron desaparecidos y la niña fue apropiada por Lavallén siendo inscripta como si fuera su hija.

El Ejército Argentino era uno de los principales clientes de Mercedes Benz a quién le compraba unidades Unimog, pero otro claro ejemplo de participación de la empresa en la represión fue la donación de material de obstetricia para ser utilizado en Campo de Mayo, cuando en esos cuarteles no existía ninguna unidad de neonatología, los partos que se realizaban eran clandestinos, se les efectuaban a las mujeres embarazadas detenidas que luego parir eran asesinadas y sus hijos eran apropiados. 

Como en Argentina no había Justicia para los casos de lesa humanidad en 1999 Héctor Ratto presentó una demanda en Alemania contra Juan Tasselkraut como cómplice de los asesinatos. Un fiscal público inició investigaciones donde tomó declaraciones a varios de los testigos en la embajada de Alemania en Argentina, pero el 27 de noviembre de 2003 suspendió las actuaciones por considerar que no había pruebas suficientes, entre las argumentaciones expresaba que no podía demostrarse el asesinato de Núñez porque su cuerpo no había aparecido, de esa manera el gobierno y la justicia alemana se solidarizaba con su empresa a pesar que Mercedes Benz había colaborado con la represión ilegal señalando a quienes debía secuestrase.

En el 2002 un grupo comenzó otra causa contra la empresa sobre la base de los juicios de la Verdad desarrollados en La Plata acusando a Mercedes Benz de haber realizado en acuerdo criminal con el Ministro de Trabajo anterior al golpe Carlos Ruckauf y la dirección de SMATA para la desaparición de trabajadores.

Después de cinco años de investigación la Fiscalía Federal Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires concluyó que ciertos representantes de Mercedes Benz y SMATA habían tenido conocimiento de los delitos pero que las pruebas no eran suficientes para demostrar su participación en esos hechos.

La causa fue remitida a la Cámara Federal de San Martín en la Provincia de Buenos Aires porque los crímenes fueron cometidos en esa jurisdicción la misma que tramita la causa impulsada por los delegados de Ford de Pacheco.

Ante las dificultades que les presentaba la Justicia argentina y alemana los trabajadores iniciaron en el 2004 un juicio civil en los Estados Unidos contra Daimler Chrysler como se llama Mercedes Benz actualmente. El tribunal en primera instancia consideró inadmisible la presentación de un reclamo ante la Corte de Apelaciones reconsideró y el 22 de abril de 2013 la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó tratar el caso para decidir si Daimler Chrysler debe responder a ese país por las demandas contra su filial de Argentina.

Los autores concluyen señalando que en los casos de Ford y Mercedes Benz : “En ambos casos  puede apreciarse claramente el involucramiento directo de cuadros directivos en el secuestro y desaparición de representantes de base que habían motorizado nuevas líneas de organización y militancia. Estos no sólo cuestionaban las direcciones sindicales ortodoxas del SMATA sino que habían introducidos fuertes cambios en el funcionamiento interno de las fábricas, alterando el balance previo de las relaciones laborales, lo cual tenía importantes repercusiones más allá de estos establecimientos laborales específicos”.

También debe señalarse que en los dos casos  puede apreciarse claramente las dificultades de los trabajadores para obtener algún tipo de reparación en la justicia no sólo de Argentina sino en otros países, mostrando que el aparato judicial por lo general está al servicio de los poderosos salvo algunas honrosas excepciones.

 

Acindar y Techint
Victorio Paulón

Durante las décadas del 50, 60 y 70 el Estado Nacional hizo una gran inversión en SOMISA, pero como la producción de acero no alcanzaba para las necesidades internas ingresaron empresas privadas como Acindar y Techint.

En la planta de Acindar de Villa Constitución fue elegida una Comisión Interna que se encontraba enfrentada a la conducción de la UOM que lideraba Lorenzo Miguel. En esa planta se estableció en marzo de 1974 un destacamento de la policía federal que después del golpe se convirtió en un centro clandestino de detención.

En marzo de 1975 se desarrolló un conflicto que duró por dos meses que y afectó a la industria metalúrgica de la ciudad de Villa Constitución, el gobierno intervino la seccional de la UOM y se detuvo a integrantes de varias comisiones internas.

A la ciudad llegaron gran cantidad de autos en los cuales se movilizaban miembros de las fuerzas de seguridad deteniendo a unos 100 gremialistas, se realizaron asambleas en todas la empresas metalúrgicas y se designó un Comité de Lucha que determinó un paro hasta que se restituyera el sindicato y se liberaran a los detenidos. Durante la huelga Acindar despidió a unos mil trabajadores.

Durante el conflicto hubo varios ataques a los integrantes de Comité de Lucha e incluso algunos aparecieron muertos, muchos trabajadores recibieron amenazas y se los conminaba a abandonar la ciudad si querían mantenerse con vida.

El gobierno de Isabel Perón y la UOM de Lorenzo Miguel actuaron de manera indisimulada en contra de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución.

La dos empresas formaban parte del Consejo Empresario Argentino que adhería a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias APEGE que el 16 de febrero de 1976 realizaron un lockout con la clara intención de propiciar el golpe de estado que se realizó un mes después.

Al producirse el golpe de estado José Alfredo Martínez de Hoz era miembro del directorio de Acindar al cuál renunció para asumir el Ministerio de Economía, el principal dueño de la empresa era Arturo Acevedo.

En agosto de 1976 en un informe de la empresa Acindar se decía: “Otra frase hecha, que pende cual espada de Damocles sobre nuestro legítimo derecho a defendernos del ataque artero de la subversión internacional, es la tan manida de los derechos humanos. Sus más publicitados defensores exigen que sean respetados estrictamente en los países no comunistas, pero callan cuando el comunismo reprime salvajemente al menor intento de la poblaciones bajo su yugo de reducir la presión totalitaria que los ahoga y priva de todo tipo de libertades”.

El comisario inspector Carlos Rampoldi llegó a Villa Constitución en 1977 en su testimonio en la CONADEP informó que un grupo especial de la policía santafesina se encontraba apostado en las instalaciones de Acindar. Otro policía declaró que el dueño de Acindar Arturo Acevedo realizaba pagos extraordinarios a las fuerzas policiales y también señaló que: “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púes. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa”.

Durante los años de la dictadura en la planta de Acindar había personal civil de las fuerzas armadas espiando a los trabajadores para detectar a posibles fuentes de conflictos a los que despedía de inmediato en el mejor de los casos.

En las dos empresas se estableció una organización represiva para lo cual se contó con la amplia colaboración de los directivos de las empresas para eliminar de cuajo cualquier intento reivindicativo de los trabajadores, esa fue una de las razones del espectacular beneficio que obtuvieron por aquellos años.

En los casos de ambas empresas más que considerarlas cómplices se puede establecer que ellas participaron en la planificación y tuvieron protagonismo en las acciones propias del terrorismo de Estado.

Acindar y Techint aprovecharon la dictadura para bajar salarios y eliminar conquistas laborales, produjeron despidos arbitrarios y se permitieron incrementar la jornada de sus trabajadores, pero la cuestión no quedó ahí también utilizaron su poder para desplazar a otros empresarios competidores pues algunos de ellos fueron presionados para que vendan sus empresas.

Acindar absorbió a la mayoría de sus competidores como Santa Rosa, Genaro Grasso, Gurmendi, Tamet, Navarro Heredia, Laminfer, Bonelli Hnos.
Producto de la política antiindustrialista de la dictadura la producción de acero disminuyó en el país a raíz de lo cual los puestos de trabajo se redujeron sustancialmente.

Producto de la política menemista en la década del 90 Acindar y Techint controlaban la producción  de acero en el país, en 1992 Techint se quedó con SOMISA.
Techint estaba conducida por Agostino Rocca hasta su muerte en 1978,  era un ingeniero italiano que había participado del desarrollo siderúrgico en Italia durante la dictadura de Mussolini, fue un importante productor de armamento durante la Segunda Guerra Mundial, fue absuelto en los juicios efectuados después de la guerra y arribó a la Argentina con la ayuda de Torcuato Di Tella.

Al llegar la dictadura aprovechó la oportunidad para sacarse de encima una Comisión Interna combativa, entre quienes padecieron las consecuencias se encontraba Enrique Ingegnieros que fue una de las víctimas de  la llamada “noche de los tubos” cuando 4 trabajadores fueron secuestrados el 22 de septiembre de 1976. Enrique Roberto Ingegnieros ingresó a trabajar en Techint el 17 de mayo de 1976 y casi un año después el 5 de mayo de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas en las propias instalaciones de la empresa. Fue llamado a la oficina de personal mientras trabajaba porque supuestamente lo esperaba un familiar y fue secuestrado.

A Arturo Acevedo dueño de Acindar lo continuó su hijo que también se llamaba Arturo, éste jugó un papel menor cuando se produjeron las privatizaciones menemistas, prefiriendo la expansión de la empresa en el exterior en Chile, Brasil y Uruguay pero esa experiencia concluyó en un fracaso, en el 2000 vendió la empresa al grupo Belgo Minera que era una siderúrgica brasilera.

La Familia Rocca fundó Siderca Campana y Propulsora  Siderúrgica de La Plata, luego adquirió la planta de tubos de Siam en 1977 y al venderse Acindar compró la planta de tubos de esa compañía. Su expansión le permitió comprar Usiminas en Brasil y Sidor en Venezuela luego estatizada por Chávez, Tansa en México, Algoma en Canadá, Dálmine de Italia y NKK de Japón, controlando el 35 % de toda la producción de tubos sin costuras del mundo.

Ledesma
Alejandra Dandan y Hannah Franski

El ingenio Ledesma es el más importante productor de azúcar del país y se encuentra ubicado en la localidad jujeña de Libertador General San Martín en el departamento de Ledesma, alrededor del ingenio surgieron otras dos localidades Ledesma y Calilegua conformadas fundamentalmente por trabajadores de la empresa.

El dueño de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, construyó un barrio cercano a la planta, en el medio edificó su propia mansión a la que se conoció como La Rosadita por su parecido a la casa de gobierno.

Trabajadores de Ledesma fueron secuestrados en marzo y julio de 1976, en los operativos  participaron fuerzas conjuntas que se movilizaron con vehículos que pertenecían a la empresa y que eran conducidos por choferes que trabajaban para Ledesma.

Aquellos trabajadores secuestrados el 24 de marzo de 1976 eran dirigentes del sindicato y de la obra social, fueron sacados de sus casas y trasladados al penal de Villa Gorriti, los operativos realizados en julio se efectuaron en medio de cortes de luz que afectaron a las tres localidades que se encontraban en torno el ingenio.

La empresa se había convertido prácticamente en un Estado, Gendarmería cumplía la función de fuerza de seguridad del ingenio, la seccional Ledesma de Gendarmería fue creada para controlar la seguridad de la frontera a pesar de encontrarse a 160 kilómetros de Bolivia, se aprovechó la estructura edilicia aportada por la compañía,  al no contar con una gran infraestructura ni sus propios vehículos estos fueron provistos por la empresa en contraprestación de seguridad que incluía el control y represión de las actividades sindicales.

Recién en 2012 los medios de comunicación comenzaron a ocuparse por la responsabilidad del Ingenio Ledesma en los crímenes durante la dictadura, cuando dos de sus directivos fueron llamados a indagatoria, ellos eran el presidente y principal accionista Carlos Pedro Blaquier y el administrador Alberto Lemos.

En noviembre de 2011 el fiscal de la causa pidió indagar a esos dos directivos del Ingenio Ledesma, a ambos se los vinculaba a dos causas por el secuestro de cuatro dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma SOEAIL el 24 de marzo de 1976 y el de 26 personas detenidas desaparecidas entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en tres localidades vecinas del ingenio secuestradas durante noches de corte de energía recordadas como las “Noches del Apagón” en ambas ocasiones los operativos fueron efectuados con vehículos de la empresa.

Estas causas estuvieron paralizadas por mucho  tiempo mientras el juez a cargo era Carlos Olivera Pastor y además se negaba a unificar ambas causas a pesar de la vinculación evidente.

En marzo de 2012 cuando el juez demoraba el pedido del fiscal a indagatoria de los directivos de Ledesma, se produjeron movilizaciones a la puerta del juzgado donde organizaciones de derechos humanos reclamaron por la complicidad del juez con los dueños de Ledesma. El 24 de marzo Jujuy presenció una enorme manifestación que congregó a 70.000 personas que recordaron el aniversario del golpe y reclamaron por la situación de estas causas dormidas.

A los cuatro días el juez renunció y la Corte Suprema de la provincia designo al juez tucumano Fernando Poviña que asumió el 16 de abril, doce días después ordenó el primer allanamiento en la empresa donde encontró legajos con indicaciones de espionaje sobre el desaparecido Jorge Osvaldo Weiz detenido en 1975 y desparecido en 1976, el 10 de mayo ordenó la indagatoria y en noviembre procesó a Blaquier y Lemos, a los que se juzga como cómplices por la privación ilegal de la libertad de 30 trabajadores.

Los abogados de Ledesma se presentaron por primera vez cuando asumió Poviña, uno de ellos era nada más ni nada menos que el primer juez de la causa lo que muestra a las claras el estado de la justicia en Jujuy y su connivencia con la oligarquía jujeña.

Este juicio provocó un debate en la provincia sobre la incorporación de funcionarios y magistrados al Poder Judicial ya que tradicionalmente estuvo limitado a los grupos con vinculaciones con la oligarquía provincial.

El juez Poviña pudo mostrar que había una especie de relación simbiótica entre el Estado y la empresa, responsabilizando de los crímenes de los trabajadores al general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer Cuerpo de Ejército, como máximo responsable pues su jurisdicción abarcaba a Jujuy y ubicó a Blaquier y Lemos en calidad de partícipes.

En sus declaraciones las víctimas y testigos establecieron que la lucha sindical fue la causa de la represión, en un mismo sentido declararon los familiares de Luis Aredez asesor de la Obra Social de SOAEAIL e intendente del pueblo en 1973 con el apoyo del sindicato, señalando que la lucha por los derechos de los trabajadores fue la causa de su desaparición.

 

Las cámaras empresarias agropecuarias
Mario Rapoport y Alfredo Zaiat

Estas patronales jugaron un papel decisivo para crear el ánimo y las condiciones propicias para el golpe de estado, pero no fue la única vez que lo hicieron así actuaron con cada uno de los gobiernos que no se constituyeron en defensores de sus privilegios económicos.

Desde comienzos de 1975 las entidades del campo desplegaron una serie de medidas con el objetivo de desestabilizar al gobierno democrático, esas cámaras eran la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuya principal socia era CARBAP, y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), que conformaron el Comité de Acción Agropecuario que organizó un lockout que se llevó a cabo el 3 de marzo de 1975.

En mayo de ese año la Federación Agraria Argentina (FAA) junto a CRA organizaron otro paro agropecuario de tres días que provocó la renuncia de ministro de Economía Alfredo Gómez Morales. Como ya podemos apreciar quedaba conformada de hecho la que hoy lleva el nombre de Mesa de Enlace que intentó en el 2008 desestabilizar a otro gobierno democrático.

En la exposición anual que se desarrolla en el predio de Palermo el presidente de la Sociedad Rural decía que el país estaba “viviendo una crisis que abarca lo económico, lo social  y lo político, pero además tiene profundas raíces morales. El país no debe volver a equivocarse. No debe continuar con estas lamentables experiencias colectivistas que sólo nos llevan al empobrecimiento general. Debe ponerse en funcionamiento la economía a través de la iniciativa de los hombres, respetando la propiedad y los incentivos individuales”.

Y al año siguiente en un comunicado la SRA exponía que  la política del gobierno era “un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de concepciones extremistas; existen constancias de penetración subversiva a nivel de productores medianos y pequeños, a través de entidades que constituyen ramas políticas del extremismo”.
Entre el 19 y el 29 de septiembre de 1975 las entidades agropecuarias realizaron un cese en la comercialización de carnes.

Jorge Aguado presidente de CARBAP y luego funcionario de la dictadura decía el 19 de octubre de ese año: “En el país no hay un golpe de Estado sino un estado de golpe. Y eso está originado en el propio gobierno… Hay elementos políticos que interfieren en el marco nacional. Esto es sobre todo por la participación política de entidades de otro carácter, como en el caso de la CGT y la CGE, aunque ahora no sé si esta última interviene políticamente como hace un tiempo”.

Estas patronales fueron incrementando el nivel de acciones tendientes a crear un clima de anarquía, el 24 de octubre la CRA y la Federación Agraria iniciaron un paro por 18 días. Resulta incomprensible las actitudes de ciertos de grupos de izquierda que intentan presentar a la FAA como una entidad progresista, no lo era en 1975 y tampoco lo es en la actualidad.

Las patronales rurales formaron parte de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias APEGE que realizaron un lockout para el 16 de febrero de 1976 que en un comunicado emitido unos días antes del paro señalaban: “La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales, que ha declarado el estado de alerta de los empresarios, advierte a los Poderes Públicos que la sanción de estas medidas junto a los desmesurados aumentos impositivos de provincias y municipios, provocará reacciones y medidas que el empresariado no desea pero a las que habrá de recurrir en defensa de su supervivencia”.

Todas estas entidades se mostraron eufóricas cuando se produjo el golpe de estado al que habían ayudado con gran dedicación, quienes eran grandes propietarios no tenían duda que el poder económico sería transferido a sus manos, aquellos que no eran tan poderosos no tardarán mucho en arrepentirse.

El ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz era un hombre de sus filas, su abuelo había fundado la Sociedad Rural, también integraban la SRA el secretario de Agricultura y Ganadería Mario Cadenas Madariaga, Jorge Zorreguieta padre de la reina de Holanda que fue subsecretario de Agricultura y Juan M. Ocampo designado presidente del Banco Nación.

CARBAP aportó a Jorge Aguado que fue Ministro de Agricultura y gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Jorge Girardo vicepresidente de la entidad, ocupó el  Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

La Federación Agraria no participó del reparto del botín pero también apoyó la llegada de los militares al poder, en un comunicado expresaban: “Un terrorismo homicida nos azota desde hace tiempo e involucra a toda la comunidad argentina en lo que con propiedad se ha dado en llamar “guerra sucia”. Hace ya varios años que desde la tribunas de la FAA venimos anatemizando el terrorismo y alertando al campo y a la opinión pública sobre los peligros de la indiferencia… Nuestro repudio más enérgico a la violencia anárquica que pretende imponernos por la fuerza un mundo sin Dios, sin Patria y sin dignidad humana y por la fuerza debemos combatir. Nuestro homenaje más sincero a las fuerzas del orden que han ofrendado sus vidas por un ideal superior y la siguen arriesgando todos los días”.

Al cumplirse el primer aniversario del golpe la Sociedad Rural publicó una solicitada en los principales diarios donde expresaban su incondicional apoyo a la dictadura: “Fue en tan graves circunstancias que las Fuerzas Armadas tomaron las riendas del país con patriótico empeño, para evitar su desarticulación total. Su advenimiento al gobierno fue apoyado por todos… La guerrilla apátrida y brutal, amparada en buena medida por las anteriores autoridades, ha sufrido rudos golpes y está en franca retirada. Ahora se dedica desde el exterior a atacar al país a través de la prensa izquierdista, cínicamente, abusando de la calificación de derechos humanos que ellos jamás quisieron respetar”.

Con respecto a las medidas que debía adoptar el gobierno señalaban: “Debemos desarmar el andamiaje creado por casi treinta y cinco años de una lenta pero sistemática estatización socializante, que en definitiva ha demostrado su fracaso al empobrecernos a todos y al no haber dado los frutos que algunos sectores ansiosos, confundidos o equivocados esperaban en su aplicación.”

Hacia 1981 algunos sectores rurales comenzaron a señalar algunas tibias críticas a la política económica particularmente por medio de la Federación Agraria.

 

Papel Prensa
Andrea Gualde

Los grandes medios fueron también un factor determinante para crear la atmósfera necesaria que justificara el golpe de estado, en una editorial del diario La Nación, órgano de difusión del pensamiento oligárquico, se decía el 22 de diciembre de 1975 “…el fenómeno de descomposición tiene su epicentro en el gobierno, porque el Poder Ejecutivo está vacante”.

Una vez producido el golpe los diarios apoyaron a la dictadura por eso el 2 de agosto de 1976 el diario de los Mitre señalaba: “La prensa argentina ha aceptado la necesidad de la vigencia de ciertas restricciones que resultan indispensables en los momentos difíciles que vive la Nación. Lo ha hecho porque es consciente de que ella debe también efectuar su aporte al combate de la subversión. En tal sentido, la prensa nacional no tiene dificultades con un gobierno que persigue idénticos fines”.

Mientras los grandes medios se convertían en cómplices del terrorismo de Estado, justificando y silenciando las atrocidades ejecutadas por ese gobierno, 70 periodistas fueron detenidos y asesinados.

Los medios de comunicación colaboraron para delinear el concepto de aquello que debía ser considerado como “subversivo” por la sociedad y de esa manera legitimaron el terrorismo de Estado, fueron esos medios los que colocaron al grupo Graiver en la categoría de “subversivo” lo cual por aquellos años justificaba cualquier acción contra el que se consideraba enemigo irreconciliable, de esa manera el saqueo quedaba plenamente justificado según el concepto de los dictadores y sus socios económicos.

Los diarios se fueron convirtiendo en la principal fuente para otros medios, por lo cual eran indudablemente  elementos de influencia política, controlar la producción de papel de diario era estratégico y quienes se beneficiaran podrían ejercer un control sobre las opiniones y los deseos de los ciudadanos.

En la Argentina el papel de diario era importado y caro hasta que la dictadura de Onganía creó un fondo de Producción de Papel Prensa y Celulosa en 1969 con el objetivo de llamar a licitación para la construcción de una planta productora de papel, a mediados de 1971 se constituye Papel Prensa y en junio de 1972 luego de una fracasada licitación internacional durante el gobierno de Lanusse se asigna por adjudicación directa, unos años después ingresó Graiver que llegó a controlar la mayoría accionaria de la empresa.

Después del golpe los grandes medios iniciaron una operación política para asociar a David Graiver con los Montoneros, el empresario muere el 6 de agosto de 1976 en México en un accidente de aviación y en noviembre del mismo año se transfieren las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

La primera investigación de lo sucedido con la empresa comenzó en 1985 y estuvo a cargo del Fiscal Nacional de Investigaciones, Ricardo Molina, quién el 29 de febrero de 1988 dio a conocer el resultado del trabajo por el cual quedaba claro que el vendedor no tuvo la opción de elegir al comprador, tampoco de fijar el precio y las condiciones del contrato.

También pudo demostrar que esa venta fue contraria a la voluntad de los dueños legítimos a quienes se les habían transmitido la decisión que no les quedaba otra alternativa que desprenderse de la empresa y que la misma no podía caer en manos de personas de la comunidad judía.

El Fiscal determinó que no se cumplimentaron requisitos jurídicos imprescindibles en cualquier transacción comercial: no se contó con la aprobación del juez que tramitaba la sucesión, se efectuaron convocatorias a asambleas de manera irregular, no hay registro en la Comisión Nacional de Valores, se estableció como compradora a una empresa fantasma de nombre FAPEL que no tenía actividad anterior y cuya única medida fue comprar Papel Prensa la cual transfirió ocho días después a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

En marzo y abril de 1977 fue secuestrada la familia Graiver y algunos allegados, Jorge Rubinstein el mayor directivo luego de David Graiver muere en la sesiones de tortura, incluso fue detenido Jorge Mazzola quién era el sastre de Graiver, los secuestros fueron realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires que dependía de Ramón Camps uno de los represores más sanguinarios.

También fue detenida Lidia Papaleo la viuda de Graiver el 14 de marzo de 1977, lo cual ocurrió pocos días después de concluir la sucesión de su marido, quedaban a cargo de los bienes de Graiver sus padres y su única hija, su esposa los administraría hasta la mayoría de edad de su hija.

El 16 de abril de 1977 Clarín informa en la tapa la detención de 15 integrantes del grupo Graiver y el 20 aporta más información al respecto, pero lo extraño de todo esto es que hasta el momento el gobierno no había dado información oficial sobre las detenciones, recién el 31 de mayo se procedió a comunicarlo.

El 21 de julio la Junta de Comandantes decreta la inhabilitación de todos los bienes de la familia Graiver, pero con una salvedad, la empresa Papel Prensa no fue incluida en esa medida.

El 19 de mayo se hizo público que La Nación, Clarín y La Razón habían comprado las acciones de Papel Prensa. Clarín explicó el traspaso de Papel Prensa a los diarios como “una gravitante decisión del gobierno de la Fuerzas Armadas a favor de la sustitución de importaciones”.  Precisamente la política económica de la dictadura era contraria a la sustitución de importaciones pues planteaba la apertura total de las fronteras| a los productos importados produciendo una drástica liquidación de muchos sectores productivos nacionales.

 

Los medios de comunicación
Damián Loretti

Pocos casos demuestran la complicidad de los medios de comunicación con la dictadura como el accionar del diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, actualmente su dueño Vicente Massot debe responder ante la Justicia por la acusación de encubrimiento y complicidad en la desaparición y asesinato de dos trabajadores del diario.

En día del golpe de estado de 1976 se llegaron a decir en sus páginas cosas como esta: “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse la segunda república”.

Y señalaba a los enemigos  “al aparato subversivo, el ‘sacerdocio’ tercermundista, la corrupción sindical, los partidos políticos, la usura de la ‘derecha económica’ y la contracultura izquierdizante”.

La acción judicial que se lleva contra el dueño de La Nueva Provincia es por la desaparición de los trabajadores de ese diario Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola que habían efectuado un paro en el diario por la decisión de la empresa que desconoció el convenio colectivo.

Otro ejemplo de connivencia con la dictadura fue la revista Para Ti perteneciente a la editorial Atlántida, en esa publicación se falsificó un reportaje a la madre de un desaparecido obligando a participar a una de las detenidas en la ESMA.

La Asociación de Entidades Periodística Argentinas (ADEPA) que agrupa a los dueños de los medios, aunque muchas veces trata de erigirse en la representación del periodismo mismo, expresaba su satisfacción al poco tiempo de asumidas las autoridades militares por “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa”.

En tanto que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que agrupa también a los dueños de los más grandes medios de América, a la que se ha señalado muchas veces como vinculada a la CIA y al gobierno de los Estados Unidos expresaba en octubre de 1976 que la libertad de prensa era una realidad en la Argentina.

Otro caso paradigmático fue el de la apropiación de la empresa Papel Prensa por la que se pagaron 8.300.000 de dólares que representaba apenas la tercera parte de su valor  y que 10 años después estaba valuada en 250 millones de dólares, la investigación del Fiscal Molinas mostró que la venta se había realizado a precio vil comprobándose además que la familia Graiver había sido presionada para obligarla a vender. El Fiscal concluyó que el negociado de Papel Prensa había sido “uno de los casos de corrupción más graves de la historia argentina”. Esto no impide que los apropiadores de Papel Prensa traten en la actualidad de convertirse en jueces de la moralidad ajena.

La apropiación de esta empresa además permitió a Clarín convertirse en un medio dominante, posición que hasta ese momento no tenía, desplazando a sus competidores por las maniobras en el precio y la provisión de papel. El dueño del diario La Prensa, Máximo Paz, realizó denuncias por el manejo en el precio del papel que producían un sobrecosto del 150 %.

Dueños de diarios que no participaron del negocio como Ovidio Lagos de La Capital de Rosario y Raúl Kraiselburd de El Día de la Plata se quejaron ante la SIP por el peligro que significaba para los medios que la empresa Papel Prensa tuviera el monopolio de ese insumo, José Claudio Escribano de La Nación respondió que en realidad se estaba discutiendo un tema de intereses y no de principios y le pidió a la SIP a que no se involucrara.

Hubo un breve período en que el gobierno de los Estados Unidos, durante la presidencia de Jimmy Carter, mostró cierta inquietud por la situación de los derechos humanos avasallados por la dictadura argentina, la SIP siguió tibiamente la política del gobierno.

Por eso en 1978 la SIP envió una delegación a la Argentina para investigar las graves acusaciones sobre los problemas a la libertad de expresión, la conclusión de la comisión fue que los dueños de los principales diarios pensaban que la seguridad nacional era más importante que la libertad de expresión y que apoyaban al gobierno. Los principales medios justificaban la censura y apoyaban los métodos empleados por la dictadura  colaborando de buen grado con ella, negándose a informar sobre la situación de los Derechos Humanos a cambio se beneficiaban con la asociación con el Estado en la producción de papel.

ADEPA cuestionó a la SIP por un premio otorgado a periodistas argentinos muertos, desaparecidos o encarcelados por defender la libertad de prensa en épocas de la dictadura.

Sin embargo ADEPA no era como lo es actualmente una extensión del diario Clarín, era una representación de todos los dueños de diarios del país por eso expresó en un comunicado su cuestionamiento al monopolio de Papel Prensa.

En diciembre de 1979 ADEPA emitió una declaración que decía: “En el mundo occidental no existe un solo ejemplo de integración económica equiparable al logrado por la empresa Papel Prensa S.A., integrada y conducida, fundamentalmente por tres diarios metropolitanos juntamente con la participación del estado…Consciente o no, este proceso, de proseguir, llevará fatalmente a la supresión de la libertad de prensa… No es difícil imaginar lo que un gobierno autoritario podría lograr actuando con los múltiples resortes del Estado, a través de esa concentración de poder”.