El Forjista
Mencionaremos algunos de los principales conflictos obreros que debió enfrentar el gobierno de Aramburu, los cuales se realizaban con un gran riesgo para los trabajadores por el carácter fuertemente represivo de ese gobierno. Aquí no haremos referencia al paro metalúrgico porque lo comentamos en otro capítulo.
Paros en el Frigorífico
Durante los meses de abril y diciembre de 1956 se realizaron dos paros en el Frigorífico Municipal, en ambas oportunidades fue por despidos de trabajadores.
En abril tuvo lugar el despido de 33 trabajadores bajo la excusa de que eran miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista, reconocimiento que durante ese gobierno se despedían trabajadores por cuestiones ideológicas, al realizarse un paro reclamando la reincorporación se proceden a detener a algunos trabajadores, el paro se levanta cuando se liberaron a los detenidos.
En diciembre se desarrolló otro conflicto más extenso iniciándose cuando se procedió a despedir al secretario general del gremio, en un comunicado emitido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se responsabiliza a “agitadores” por el paro.
El conflicto se agravó debido a la suspensión de tres trabajadores entre los cuales se encontraba el que se convertiría en un legendario dirigente del gremio y del peronismo Sebastián Borro, unos días después esos trabajadores fueron detenidos.
El 17 de diciembre el Ministerio de Trabajo declara ilegal el paro dándole un plazo de 24 horas a los trabajadores para que se presenten al trabajo, el 23 se levantó el paro y siguieron las gestiones para obtener la libertad de los detenidos y la reincorporación de los despedidos.
En enero de 1957 se interviene el sindicato de los trabajadores del frigorífico, según fuentes gremiales los despidos en diciembre habían llegado a 500, durante los siguientes meses se aceptaron algunas reincorporaciones.
Paro del Transporte
El 23 de mayo de 1956 los porteños se vieron sorprendidos por un paro de transporte que provocó inconvenientes variados entre quienes querían trasladarse a sus ocupaciones.
Colectivos, trolebuses y tranvías eran abandonados por sus conductores, también algunas líneas de subterráneos se vieron afectadas. El motivo del conflicto era por un incremento de la jornada de trabajo en una hora y el reclamo por un aumento salarial.
Los trabajadores intentaron realizar una asamblea en el sindicato pero le fue impedido por la policía que los dispersó con gases lacrimógenos. El Interventor del Sindicato se negó a recibir a una delegación de los trabajadores, e informó que en Primera Junta se habían cortado cables de alta tensión que impedían el funcionamiento de los troles, en tanto que en Liniers se desinflaron neumáticos de troles y colectivos.
Un comunicado de la presidencia de la Nación informaba que: “Elementos comunistas y nacionalistas infiltrados en el gremio del transporte han pretendido trabar el normal desenvolvimiento ciudadano aprovechando las horas de mayor congestión. Fuerzas policiales han actuando enérgicamente”. (63)
El gobierno dispuso una medida que se convertiría en una modalidad cotidiana para los gremios en lucha, dispuso la movilización militar del personal del transporte que quedaba sometido al Código de Justicia Militar.
Al día siguiente el transporte fue escaso pero se fue incrementando a lo largo del día, los vehículos eran custodiados por personal policial y de Gendarmería, los subterráneos funcionaron normalmente.
Al conocerse el decreto de movilización del personal del transporte en el artículo 5° se disponía que el Ministerio de Transporte confeccionaría una lista de infractores que entregaría a la policía para su detención y puesta a disposición de la autoridad militar competente.
El gobierno anunció la detención de 356 trabajadores de los cuales 25 fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo disponiendo su confinamiento en el sur del país acusándolos de saboteadores y provocadores, de provocar desorden en la vía pública, ser incitadores a la huelga y por destrucción de bienes públicos.
Con el correr de los días la situación del transporte se fue normalizando, sin embargo un mes después aún existían trabajadores detenidos y recién el 14 de diciembre de 1956 el gobierno dejó sin efecto la movilización militar de estos trabajadores.
Paro de Obrero Navales
Este conflicto se extendió por varios meses dando comienzo en agosto de 1956 y se extendió hasta el mes de septiembre pero como no se llegó a encontrar una solución satisfactoria se desarrolló de manera intermitente hasta noviembre del año siguiente.
El comienzo del paro fue por un intento de extender la jornada laboral y porque el 5 de agosto se detuvo a un obrero del gremio de Constructores Navales que recién fue liberado el día 8.
Unos días después el gremio denunciaba que en los talleres de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU) se hizo presente personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, ocupando los lugares de trabajo e intimando a los obreros a cumplir con sus labores, la empresa procedió a suspender a 3000 trabajadores.
El 1° de septiembre el personal se presenta a cumplir con sus labores luego de varios días de paro, sin embargo se procede a despedir a aquellos que sólo cumplen una jornada de seis horas, la empresa también se niega a discutir incrementos salariales.
La policía impide la realización de una asamblea de los trabajadores, también se procede a desalojar y clausurar los locales sindicales. En tanto en las empresas privadas también se despidieron a aquellos que cumplían la jornada de seis horas. Se estima que los despidos en empresas privadas llegaron a los 5000 trabajadores.
El Ministro de Trabajo acusa de anarco sindicalistas a los dirigentes del gremio naval y unos días después presenta la renuncia, también se rumoreaba la dimisión del Interventor de la CGT, Alberto Patrón Laplacette que sin embargo declaró: “Yo soy marino y por lo tanto he tomado el cargo de interventor en la Central Obrera como un destino militar”. (64)
Hacia fines de septiembre se procede a detener al secretario general del Gremio Naval que recupera la libertad unos días después, sin embargo se lo procesó por desacato al Ministro de Transporte. En diciembre dos trabajadores que estaban detenidos por los paros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo mientras que otros dos que estaban presos en San Fernando fueron trasladados a la cárcel de Caseros.
En enero de 1957 se realizó una asamblea en el Teatro Verdi de Avellaneda para analizar el conflicto que llevaba 5 meses, los sindicalistas anuncian que había empresas privadas dispuestas a aceptar el aumento salarial que solicitan los trabajadores pero que no habría solución hasta que se disponga la libertad de todos los detenidos.
En febrero se producen algunas libertades, sin embargo desde el gremio se informaba que aún existían dos dirigentes detenidos en Villa Devoto.
En mayo los trabajadores navales seguían denunciando que había trabajadores detenidos y en junio de 1957 el Ministro de Trabajo reconoció un nuevo sindicato naval, la Federación de Obrero Navales hizo conocer su oposición y señalaba que la nueva organización estaba compuesta “por elementos rompehuelgas ajenos a la industria naval que realizan tareas en algunos talleres y astilleros”. (65) Recién el 19 de noviembre de 1957 se anuncia el fin del conflicto.
Paro en Aerolíneas Argentina
Este conflicto se inició con el despido de 50 empleados, las razones aducidas por la empresa era que los afectados tenían “malos antecedentes, sin que medie ninguna cuestión política”, además se elevaba la jornada laboral de los empleados administrativos de 6 horas y media a 8 y se les imponía trabajar los sábados, cabe acotar que el personal respondió con una medida muy suave como fue disponer el trabajo a desgano.
El Gerente General informó que en realidad los despidos llegaban a 69 y se habían dispuesto por incumplimientos de tareas y ausencias reiteradas, también comunicó que en razón de las medidas de fuerza se debieron cancelar algunos vuelos en tanto que otros sufrieron demoras.
Contradiciendo a la empresa la Asociación de Personal Aeronáutico informaba que las inasistencias del personal habían sido justificadas mediante la presentación de comprobantes confeccionados por médicos de la empresa.
El gobierno dispuso la movilización militar de todo el personal de la empresa, los empleados eran convocados de igual forma que si debieran realizar el servicio militar obligatorio y quedaban bajo las disposiciones de la Justicia Militar, la organización jerárquica de la empresa se comportaría como si se tratara de una jerarquía militar.
El ministro de Aeronáutica confeccionaría una lista de aquellos empleados que no se presentaran a trabajar para entregársela a la policía para que procediera a detenerlos.
Ante las medidas represivas la Asociación de Personal Aeronáutico emitió un comunicado respondiendo a las acusaciones del gobierno “…injustificada por cuanto en la empresa Aerolíneas Argentinas el personal no se hallaba en huelga sino que trabajaba a reglamento, ajustándose estrictamente al cumplimiento de las normas técnicas y reglamentaciones de la empresa, como expresión de la resistencia pasiva a las medidas que originaron el conflicto”. (66)
El comunicado gremial aclaraba que nadie había abandonado su puesto de trabajo ni se habían producido ausencias masivas.
El 20 de enero de 1957 se anunciaba el fin del conflicto y dos días después se comunicaba un aumento salarial, en el acuerdo no se mencionaba el tema de los despidos ni del incremento de la jornada laboral.
Paro ferroviario
El 23 de enero de 1957 los trabajadores de los talleres de la Línea General Roca iniciaron un trabajo a desgano que en los días posteriores se extendió a otros sectores del mismo ramal.
El gobierno respondió disponiendo la movilización de los trabajadores del Roca, se emitió un comunicado del Administrador General del Ferrocarril un ingeniero de apellido Belzani donde decía: “… todo agente responsable de un servicio queda obligado de denunciar inmediatamente, por vía jerárquica y en la forma más expeditiva, las irregularidades que lleguen a su conocimiento”. (67)
Personal de las otras líneas ferroviarias se sumaron al trabajo a reglamento, mientras se conoce un comunicado del presidente de Ferrocarriles del Estado ingeniero Dante Ardigó donde señalaba:“…elementos perturbadores están obstaculizando las tareas ferroviarias en puntos inteligentemente elegidos para producir la máxima desorganización de los servicios con el mínimo riesgo para sus autores…”. (68)
El gobierno decretaba la movilización de todos los trabajadores ferroviarios argumentando que la medida de fuerza no había sido autorizada por el sindicato, lo cual era falaz porque el gremio se encontraba intervenido y el interventor había prohibido que los trabajadores realizaran una asamblea.
En las primeras horas del 6 de febrero de 1957 fuerzas de la Infantería de Marina ocuparon la Estación de Retiro. Formaban parte del contingente 2 tanques, 4 carrier, 4 jeeps y 10 camiones, un dispositivo similar se desarrolló en la Estación de Constitución.
Pero a pesar de este despliegue los trenes seguían con dificultades con gran cantidad de formaciones que debieron suspenderse.
El 8 de febrero renuncia el capitán de Corbeta que era el interventor de la Unión Ferroviaria, y se dan a conocer la lista de detenidos: 13 en el San Martín, 7 en el Roca, 2 en el Urquiza, 2 en el ferrocarril Provincia de Buenos Aires, 1 en el Mitre, 12 en el Sarmiento y 12 en la ciudad de Rufino.
El 9 de febrero se anuncia la solución del conflicto sin embargo en algunas seccionales continuaban las medidas de fuerza, recién el 2 de marzo se deja sin efecto la movilización militar de los ferroviarios y el 22 de ese mes se firma un convenio entre la empresa y los trabajadores.
Sin embargo la paz no dura demasiado, en abril estalló un conflicto en los talleres de Tafí Viejo en Tucumán, a raíz de lo cual tropas del Ejército son enviadas a la ciudad.
Los trabajadores realizaron una manifestación con sus familias pero intervino la policía para dispersarlos, a raíz de la represión falleció un chico de 14 años, hijo de un ferroviario, los trabajadores se trasladaron hasta la capital provincial para quejarse del accionar policial.
El 25 de abril se informa de la solución del conflicto en Tafí Viejo, pero recién en julio algunos trabajadores pudieron regresar a su trabajo.
Paro de municipales de la Ciudad de Buenos Aires
El 3 de abril de 1957 los municipales anunciaron un paro de actividades luego de efectuar una Asamblea en el Luna Park, el secretario general del gremio Francisco Pérez Leirós enrolado en la corriente denominada “sindicalismo libre” no pudo hacer uso de la palabra debido al repudio de los 6000 trabajadores que participaron de la reunión, el gremio desautorizó el paro y desconoció al comité de huelga conformado por las bases en razón de la traición de los dirigentes que se autodenominaban “democráticos”.
El 7 de abril el intendente Bergalli acusó a los huelguistas de desplegar una actividad subversiva y antisocial, anunciando que estaba dispuesto a reemplazar a los barrenderos pues los consideraban servidores públicos y por lo tanto no podían realizar paros según su discutible opinión.
Los obreros en conflicto intentaron realizar una asamblea en Parque Rivadavia que no fue permitida por la policía por lo que resolvieron marchar a Plaza de Mayo donde fueron reprimidos, mientras que el sindicato y el gobierno reclaman que los trabajadores se presenten a trabajar.
Como se convertirá en una costumbre el Poder Ejecutivo dispone la movilización militar de los municipales entre los fundamentos se señala: “La huelga ha sido provocada y es mantenida por elementos comunistas y con fines políticos”. (69)
La ciudad mostraba una imagen fantasmal producto del humo provocado porque algunos vecinos se dispusieron a quemar la basura que se acumulaba en las calles.
El 9 de abril los diarios se apresuraron a informar el fin del conflicto debido a que tropas militares ocuparon los lugares de trabajo, el decreto del gobierno disponía que todos los municipales debían presentarse a trabajar suspendiéndose todas las licencias y permisos, no se permitía faltar por enfermedad si el certificado no era emitido por la propia Municipalidad.
La movilización aplicaba que los trabajadores estaban sometidos al Código de Justicia Militar que establecía 4 años de prisión a quienes no se presentaran a trabajar, pero a pesar de toda esta batería de medidas los trabajadores no se amilanaron y continuaron con la medida a pesar de la traición de los dirigentes sindicales “democráticos”.
Cada día que el conflicto se extendía el gobierno incrementaba el rigor represivo, emitió una nueva disposición donde permitía a las fuerzas de seguridad a utilizar armas ante actos de sabotaje y se permitía detener a quienes participaran piquetes de huelga y a “los que sin incitar a la huelga se mostraran remisos a entrar después de haberles ordenado hacerlo”. (70)
Se anunciaba que la ciudad sería fumigada para asegurar la salubridad debido a la acumulación de basura en las calles.
Un desencajado intendente decía que un grupito golpista con intencionalidad política era el que empujaba a los municipales a adoptar medidas de fuerza: “Sólo el comunismo es capaz de esta trampa vergonzosa y miserable…Estamos frente a un complot deliberado de las fuerzas de la regresión y de la reacción que pretenden usar de la libertad que les dimos el 16 de septiembre, para tirarla contra nuestro rostro y ponerle de nuevo yugo, cadenas y grilletes al país”. (71)
Tropas de las tres Fuerzas Armadas recorren los puestos de trabajos y se anuncia que hay unos 300 detenidos por no acatar la orden de regresar al trabajo.
Mil hombres de las fuerzas armadas intentan limpiar la ciudad, sin embargo en muchos lugares se ha acumulado mucha basura, en tanto el sindicato volvía a repudiar el paro y al comité de huelga de los trabajadores.
Se anuncia que aquellos detenidos por el paro serían trasladados a unidades militares donde recibirían instrucción militar, no tendrían franco y se les limitaría las visitas al mínimo. No obstante todo este despliegue represivo se estimaba que la cantidad de trabajadores que seguían en huelga llegaban a los 8.000.
El 13 de abril se anunció el fin de la medida de fuerza y cinco días después renunciaba el intendente Eduardo Bergalli.
Paro bancario
Este fue uno de los conflictos más largos que debió soportar el gobierno y significó un duro golpe porque no era un gremio al cual se pudiera acusar de tener simpatías con el peronismo.
El paro por tiempo indeterminado comenzó el 27 de enero de 1958, enseguida comenzaron las detenciones y se procedió a intervenir la Asociación Bancaria que había sido normalizada seis meses antes, mostrando que la normalización que proclamaba el gobierno no era más que una farsa para conceder beneficios a aquellos sindicalistas oficialistas.
La zona bancaria estaba vigilada por fuerzas policiales, en tanto la Asociación Bancaria fue allanada por la Guardia de Infantería efectuando detenciones y clausurando el local.
A los tres días de comenzado el paro se comunicaba que ya había detenidos 417 hombres y 7 mujeres.
Una comunicación del gobierno efectuada el 8 de febrero estimaba que la banca estatal trabajaba con el 25% del personal y con apenas el 10% los bancos privados.
El 13 de febrero desde San Juan realizó una declaración el vicepresidente Rojas: “La huelga bancaria es un chantaje al país…Sólo los adictos al régimen depuesto pueden estar interesados en este movimiento. En síntesis, la mayoría del gremio bancario es llevada a efectuar este chantaje de grupos minoritarios y que anteponen intereses de sector por sobre los de la Nación misma que esta viviendo momentos trascendentales al tratar de salir de la etapa intermedia entre la dictadura y la democracia”. (72)
El 26 de febrero los trabajadores en huelga intentaron realizar una manifestación frente al Ministerio de Trabajo, la policía cargó contra los manifestantes lanzando gases lacrimógenos y produciendo varias detenciones. Luego unos 500 bancarios se congregaron frente a la comisaría de Bolívar al 600 reclamando la libertad de los detenidos, también ahí fueron dispersados por la fuerza.
Algunos de los detenidos por adherir al paro recuperaron la libertad pero el 2 de marzo la Mesa Coordinadora de Delegados informaba que aún había 78 detenidos en distintas comisarías y en la cárcel de Villa Devoto.
El 10 de marzo se anuncia la movilización militar de los trabajadores, en el artículo 5 ° se disponía:“La organización jerárquica administrativa vigentes en las instituciones bancarias comportará organización jerárquico militar a los efectos del decreto y comprenderá: a) Categoría de oficial: funcionarios desde gerente general hasta jefes de división o jerarquía equivalente b) Categoría de suboficial: de segundo jefe de división hasta jefes de sección o equivalentes c) Categorías de soldados: todas aquellas categorías inferiores a los especificados en los incisos a) y b) o sus equivalentes”. (73)
Eso si, los dictadores eran muy caballerosos porque no extendían la movilización a las mujeres aunque sí estaban obligadas a presentarse a trabajar.
El 11 de marzo algunos bancos abrieron sus puertas después de 43 días aunque la presencia del personal era escasa, hubo largas colas mientras personal militar recorría el centro tratando de cazar a gremialistas, se detuvieron a 20 personas por el “delito” de repartir volantes.
Un capitán de navío al frente de una sección de Infantes de Marina detuvo a 65 trabajadores a quienes trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, al enterarse de estas detenciones en el Banco Nación se realizó una asamblea donde intentó hacer uso de la palabra un oficial de Marina a quién no se le permitió hablar al grito de ¡Libertad! ¡Libertad! Y también se gritaron consignas contra los militares y a favor de la huelga, el militar optó por retirarse.
El 14 de marzo se informaba que sólo en la Caja de Ahorro había 400 detenidos, fuentes militares indicaron que los detenidos llegaban a 3000 quienes se encontraban en la Escuela de Mecánica de la Armada, el Regimiento de La Tablada y el Regimiento de Patricios.
El 16 de marzo se anunció la solución del conflicto con un acuerdo que determinaba un aumento de emergencia de 450 pesos, el levantamiento de las medidas militares y judiciales contra los trabajadores, se permitía regresar a sus hogares a los bancarios que se encontraban alojados en instituciones militares.
El 18 de marzo los trabajadores se reincorporaron al trabajo, se habían dejado sin efecto las cesantías, algunos de los que habían sido alojados en cuarteles se presentaron con el birrete en la cabeza.
Paro portuario
En agosto de 1957 comenzó un paro en el puerto de Buenos Aires, de inmediato el gobierno lo declaró ilegal, la intención de los trabajadores era realizar trabajo a desgano en sus puestos pero al presentarse en sus respectivos lugares se encontraron con personal militar por lo que decidieron retirarse ante el temor que les fueran retenidas las libretas de trabajo, único documento que los autorizaba a realizar tareas en el puerto, los trabajadores comprobaron que también había personal civil no perteneciente al gremio y que cumplían funciones ilegales porque no contaban con la correspondiente autorización, se trataba de personal contratado como rompehuelgas.
El Ministerio de Marina emitió un comunicado sobre el conflicto que decía: “Facultase a los ministerios militares a destinar el personal de sus respectivos departamentos para la realización de tareas o funciones que se hubieran paralizado o que se realicen en forma anormal…La Prefectura Nacional Marítima procederá a la cancelación de las habilitaciones y a la anulación y retiro de los libretas de trabajo del personal que en la vía pública ejercieren actos de presión, amenaza o violencia contra los obreros portuarios acometiere cualquier otro acto de inconducta con el que se obstruya la libertad de trabajo…Los armadores y agentes marítimos quedan autorizados para disponer de su personal con el fin de proceder a la carga y descarga de sus respectivas naves, en reemplazo de aquellos trabajadores que hubiesen paralizado su labor”. (74)
A los trabajadores en conflicto se les negó la autorización para realizar una asamblea, solicitaban el retiro de las fuerzas militares del puerto para volver a ocupar sus puestos y denunciaban que se colocaron conscriptos para realizar sus tareas.
El Prefecto Nacional Marítimo un capitán de navío anunciaba que en el puerto se encontraban trabajando 1747 conscriptos de las tres armas y 1500 “trabajadores libres”.
El conflicto se extendió a todo el país, en Bahía Blanca la Infantería de Marina ocupó el puerto colocando a conscriptos de la Marina y el Ejército para embarcar cereal. Recién en enero de 1958 se retiraron a las tropas de los puertos.
Paro telefónico
Tal vez éste haya sido el conflicto más contundente que debió soportar el gobierno de Aramburu, comenzó el 6 de septiembre de 1957 y en un inicio fue por 24 horas, al día siguiente los trabajadores realizaron una asamblea en la Federación de Box.
El paro se levantó para entablar negociaciones con la empresa, se pedía un aumento de 700 pesos, pero transcurridos unos días sin arribar a un acuerdo se reanudaron los paros que también fueron acompañados por los telegrafistas que integraban el gremio de AATRA.
La empresa ENTEL anunció que la única forma por la que aceptaría otorgar un aumento era si se aceptaba elevar la jornada laboral.
El 12 de septiembre los telefónicos y telegrafistas denunciaron haber sido desalojados de sus lugares de trabajo por personal policial, algunos trabajadores se concentraron en la Plaza de Mayo de donde fueron dispersados violentamente.
Los paros de telefónicos y telegrafistas fueron declarados ilegales, en cada una de las oficinas de la empresa estatal se instaló personal militar, los gremialistas denunciaron la detención de 170 trabajadores e incluso que algunas de sus casas fueron allanadas.
A raíz del paro, carros de asalto de la Guardia de Infantería recorrieron el Centro de la ciudad, mientras que en varios gremios se realizaron paros simbólicos en apoyo a los telefónicos, el Ministro de Comunicaciones amenazó con despidos a los empleados del Correo por realizar un paro solidario en apoyo a los telefónicos.
ENTEL procedió a abrir la inscripción para contratar nuevos trabajadores que reemplazaran a quienes estaban de paro, el gerente administrativo denuncia intimidaciones a los trabajadores que no habían adherido a la medida de fuerza, la mayoría de ellos eran jefes y funcionarios que habían recibido llamados telefónicos y pintadas en el frente de sus casas.
El 2 de octubre el ministro de Comunicaciones anunciaba que serían despedidos quienes no se presentaran a trabajar, mientras que el presidente de la Nación se refería al paro: “Podrían ganar más si quisieran, trabajando más allá de sus 32 y 35 horas semanales de la actuales. En los Estados Unidos, los empleados telefónicos trabajan cuarenta horas semanales” (75) El gobierno pretendía imponer una jornada de 44 horas semanales
Como consecuencia directa del paro telefónico el Poder Ejecutivo decreta el 5 de octubre el Estado de Sitio por 30 días en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
No obstante todas las presiones los trabajadores continuaron con su lucha, el 15 el gobierno denuncia actos de sabotaje que dejaron sin comunicación a varios usuarios.
El 6 de noviembre se levanta el paro luego de 70 días, se le devolvería la personería jurídica al gremio FOETRA, se liberaría a los detenidos, no se producirían represalias y se concedería un aumento salarial.
Sin embargo en enero de 1958 un decreto del gobierno dispuso la jornada de 44 horas para los telefónicos, se derogaron varias de las conquistas y se creó un régimen de incentivación.
Paro petrolero
El 13 de febrero de 1958 se declaró ilegal un paro de petroleros que se había iniciado en Plaza Huincul y que luego se extendió a otros puntos del país, producto del conflicto tropas de la Marina ocuparon las destilerías de Berisso.
Al día siguiente se ordena la movilización militar de los petroleros de La Plata y Plaza Huincul, la medida disponía la aplicación del Código de Justicia Militar para quienes no se presentaran a trabajar, por esa resolución se resolvió que la organización administrativa de YPF se convertía en una jerarquía militar.
El sindicato de los petroleros SUPE emitió un comunicado que señalaba: “En virtud de las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno, es decir, movilización, ocupación de lugares de trabajo por las fuerzas armadas y secuestro de dos turnos de obreros en Destilería La Plata, ha resuelto adelantar el paro de actividades para las 24 horas del día de hoy o sea a la 0 hora del día 15 de febrero”. (76)
Durante los días siguientes patrullas militares continuaron ocupando instalaciones de YPF para ejercer un control estricto sobre el personal, en Mendoza se realizaron tres detenciones de gremialistas, y en Avellaneda se dispuso la movilización de 50 obreros, en esta planta las fuerzas militares producen la retención de todo un turno impidiendo su retiro. En Ensenada se adoptó la misma medida con dos turnos impidiéndoles retirarse de la destilería, los obreros secuestrados iniciaron una huelga de hambre.
Otro comunicado del SUPE denunciaba: “…no podemos callar el atropello que se está realizando con nuestros afiliados obligándolos a trabajar, utilizando los métodos más inhumanos de la época de los señores feudales”. (77)
Un grupo de periodistas fueron invitados a la destilería de La Plata de YPF por invitación del comando de Operaciones Navales. La ocupación estaba a cargo de 150 efectivos del Batallón de Infantería de Marina de la Base Naval al mando del capitán de Fragata Jorge Collasso secundado por tres oficiales y 10 suboficiales, 1000 obreros fueron “movilizados”, eufemismo utilizado por el gobierno para describir a los trabajadores secuestrados contra su voluntad.
Procederemos a transcribir el texto del diario Clarín que pintaba un panorama idílico de la detención ilegal que padecían los trabajadores: “No es aquello, por cierto, un campo de concentración ni se registraban allí accidentes por fatiga, falta de descanso, etc.; según lo han certificado los medios del establecimiento… Hay remisos, desde luego, pero poco a poco se los detiene y se los conduce a la destilería, es decir a sus puestos de trabajo. Entre los movilizados hay, también, los díscolos, que aún en esa situación procuran alejar a sus compañeros, instándoles a dejar caer sus brazos. Para ellos, dos o tres días de arresto en la Base Naval de Río Santiago basta para llamarlos a la realidad. Es ésta la única manifestación realmente militar de la movilización”. (78)
Berisso y Ensenada fueron declaradas zona militar quedando bajo dependencia del Comando de Río Santiago, en el local de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Ensenada se reunieron los familiares de los trabajadores de la destilería que se encontraban retenidos contra su voluntad en la planta, se informa que existen algunos enfermos que no recibían el tratamiento ni la medicación adecuada.
El 9 de marzo los trabajadores anunciaron el regreso al trabajo si embargo continúan realizando gestiones por los 70 trabajadores que aún estaban detenidos, el 13 de marzo el gobierno dejó sin efecto la movilización de los petroleros.
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(63) La Nación 24/5/1956
(64) La Prensa 23/9/1956
(65) La Prensa 15/6/1957
(66) La Prensa 19/1/1957
(67) La Prensa 1/2/1957
(68) La Prensa 5/2/1957
(69) Clarín 7/4/1957
(70) Clarín 10/4/1957
(71) Clarín 11/4/1957
(72) Clarín 15/2/1958
(73) La Prensa 10/3/1958
(74) La Prensa 5/8/1957
(75) La Nación 3/10/1957
(76) Clarín 15/2/1958
(77) Clarín 20/2/1958
(78) Idem